El problema mundial de las drogas afecta considerablemente al disfrute de los derechos humanos. Así lo establece el Informe de agosto de 2023 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Las respuestas a los daños relacionados con el consumo de drogas y tráfico ilegal de drogas constituyen actualmente un importante desafío de política pública, cuya totalidad de aspectos tienen repercusiones en los derechos humanos”.

Según el Informe Mundial sobre las Drogas de 2023, el número de personas que padecen trastornos por consumo se disparó hasta los 39,5 millones, un 45% mayor que hace diez años. Con este aumento, la demanda de tratamientos –para aquellas personas que voluntariamente lo desean– sigue estando insatisfecha. “En 2021, solo una de cada cinco personas que padecía trastornos relacionados con las drogas seguía un tratamiento para su consumo, y las disparidades en el acceso al tratamiento entre regiones son cada vez mayores”. Casi 600.000 personas mueren cada año por motivos relacionados con las drogas, en particular por hepatitis vírica, VIH, sobredosis o lesiones.

Asimismo, el documento expresa la preocupación por la falta de programas de reducción de daños, especialmente en los centros privativos de libertad. También recalca la reducción del apoyo a los programas de tratamiento de medio y largo plazo, así como a los servicios de reintegración social. Y particularmente a aquellos que facilitan el acceso al empleo y a una vivienda asequible –en algunos países se lleva a cabo la iniciativa Housing First– y servicios de guardería –fundamentales para que las madres consumidoras puedan acceder a tratamiento si así lo desean–.

De la misma manera, afirma la existencia de barreras estructurales, como leyes, políticas y prácticas policiales punitivas, que suponen obstáculos para aquellas personas que desean acceder a los programas de tratamiento. Estas barreras ahondan en la estigmatización y exclusión social.

La “guerra contra las drogas” y la militarización de la fiscalización de las drogas

El documento aborda los enfoques punitivos hacia la fiscalización de las drogas, que en algunos países incluye la militarización de las respuestas. Esto supone una grave vulneración a los derechos humanos de la población civil, debido al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza. «La mayoría de las personas que sufren estas vulneraciones son hombres jóvenes de comunidades pobres y marginadas».

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria observó que la “guerra contra las drogas”, además de desencadenar múltiples violaciones de los derechos humanos, genera una cultura de la corrupción en el seno de los cuerpos de seguridad. También subrayó que era equivalente a una guerra contra las personas, especialmente de aquellas que viven en contextos vulnerabilizados.

“En una declaración formulada ante la Comisión de Estupefacientes en marzo de 2023, el Alto Comisionado subrayó que las estrategias punitivas sobre la ‘guerra contra las drogas’ utilizadas durante décadas no habían conseguido evitar la producción y el consumo de sustancias cada vez más diversas y numerosas”. Varias ONG han documentado violaciones a los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, actos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales resultantes de la militarización de las operaciones de “lucha contra las drogas”. Y también al derecho a la salud, la tierra y el medioambiente –fumigaciones aéreas–.

Recurso excesivo al encarcelamiento y hacinamiento en las cárceles

Según la UNODC, se estima que el motivo de detención del 61% de los 3,1 millones de personas detenidas por delitos relacionados con las drogas en todo el mundo fue la posesión de drogas, mientras que el 78% de los 2,5 millones de personas encarceladas por esos delitos —que representan en torno al 20% de la población penitenciaria mundial— fueron condenadas por tráfico de drogas. Son muchos los casos donde las personas sólo estaban en posesión de drogas y fueron condenadas por narcotráfico. Además de esta desproporcionalidad, denuncia el sometimiento prolongado al aislamiento y los malos tratos hacia las personas encarceladas por delitos relacionados con las drogas, especialmente hacia personas de grupos marginados, minorías raciales y étnicas, y mujeres.

“A pesar de las pruebas de que la supresión de sanciones contra los consumidores de drogas puede reducir el hacinamiento en las cárceles, mejorar los efectos en la salud, fomentar los derechos humanos y combatir la estigmatización y la discriminación, son muy pocos los países que han despenalizado el consumo, la posesión, la compra y el cultivo de drogas para uso personal. Incluso cuando existen medidas sustitutivas del encarcelamiento, su aplicación es poco frecuente en los casos relacionados con las drogas y, a menudo, no llega a la población marginada”.

Además de todo esto, 35 países siguen manteniendo la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas.

Impacto desproporcionado en grupos específicos

Si nos fijamos en grupos específicos, la población joven se ve gravemente afectada por los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. El informe recalca que no hay suficientes servicios de tratamiento y reducción del daño adaptado a las necesidades de las personas jóvenes. Además, la prevención en muchos casos se hace basada en el miedo.

Por otro lado, hay un alto grado de uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por agentes del orden hacia la población afro. “Los procedimientos especiales han observado que en diversos países la ‘guerra contra las drogas’ ha sido más eficaz como sistema de control racial que como herramienta para reducir los mercados de drogas”.

Respecto a los usos y métodos tradicionales de comunidades que utilizan plantas como la hoja de coca o el cannabis, especifica que “es necesario proteger las plantas medicinales de interés vital para garantizar el pleno disfrute del derecho a la salud de las comunidades originarias”.

“Las mujeres son objeto de mayores niveles de estigmatización y discriminación que los hombres que consumen drogas. La penalización y encarcelamiento afecta de manera desproporcionada a las mujeres y el 35% de las reclusas de todo el mundo fueron condenadas por un delito relacionado con las drogas, frente al 19% en el caso de los hombres. La eliminación de las barreras de género a los servicios de tratamiento de las adicciones reviste de una importancia capital. Los procedimientos especiales han observado que las causas de la interacción de las mujeres con el sistema de justicia penal en relación con las drogas son complejas, están vinculadas a menudo con otros factores como la pobreza y la coacción”.

Con respecto al tema de la despenalización, el documento la describe como un instrumento muy útil para garantizar la protección de los derechos de las personas que consumen drogas. “En Portugal, la aplicación de respuestas integradas en un marco de despenalización del consumo personal y la posesión de drogas ha conducido a una disminución del consumo de estas sustancias de manera general y a una importante reducción de las sobredosis e infecciones por VIH”.  Además, en diversos países se han producido avances hacia la despenalización del consumo, la posesión de drogas y la facilitación de medidas sustitutivas del encarcelamiento, como Chequia, Ghana, India o México.

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