El informe «La pena de muerte por delitos relacionados con drogas: Visión global 2023«, realizado por Harm Reduction International (HRI), sigue el monitoreo sobre el uso de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas a nivel mundial, labor que comenzaron en 2007 –este es su decimotercero–.
Durante 2023, HRI resalta que 34 países mantienen la pena de muerte para una variedad de delitos relacionados con drogas en todo el mundo. Este número supone uno menos que en 2022, ya que Pakistán abolió la pena de muerte como posible castigo para delitos bajo la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, convirtiéndose en el primer país en abolir la pena de muerte por delitos relacionados con drogas en más de una década. «Lamentablemente, según informes, los tribunales inferiores continuaron sentenciando a personas a muerte por delitos relacionados con drogas meses después de la adopción del proyecto de ley, subrayando la necesidad de asegurar que el resultado de la reforma se difunda entre los fiscales, jueces y abogados de todo el país y se incorpore en la orientación».
El documento también destaca:
– Se confirmaron ejecuciones relacionadas con drogas en cinco países (China, Kuwait, Irán, Arabia Saudita y Singapur). Se asume que se llevaron a cabo ejecuciones en Corea del Norte y Vietnam, pero el secretismo estatal y la censura en estos países impiden la confirmación de una cifra mínima.
– Hubo –al menos– 467 ejecuciones relacionadas con drogas (excluyendo cifras de China, Vietnam y Corea del Norte). Esto representa un aumento del 44% respecto a 2022, y un asombroso aumento del 1.450% desde 2020 (el año con el menor número de ejecuciones desde que HRI comenzó a monitorear esta práctica). El 98% de las ejecuciones conocidas por delitos relacionados con drogas tuvieron lugar en Irán.
– Los delitos relacionados con drogas fueron responsables de aproximadamente el 42% de todas las ejecuciones confirmadas a nivel mundial. Esta es la cifra más alta registrada desde 2016.
– Se observó un retroceso significativo en Kuwait, donde se llevó a cabo una ejecución relacionada con drogas, la primera desde 2007.
– Tuvieron lugar 375 sentencias de muerte por delitos relacionados con drogas en 16 países. Esto representa un aumento del 20% en las sentencias reportadas desde 2022.
– Al menos 3.000 personas se encuentran actualmente en el corredor de la muerte por delitos relacionados con drogas en 19 países.
– Las cifras confirmadas pueden ser una subestimación grosera del alcance del fenómeno debido a la persistente falta de transparencia y censura en la información relacionada con el uso de la pena de muerte. Es probable que decenas, si no cientos, de sentencias de muerte relacionadas con drogas más se hayan impuesto y ejecutado a lo largo del año.
A nivel internacional, HRI observa una falta de acción de la UNODC en relación con la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, mientras que otros actores como el OHCHR, los Procedimientos Especiales de la ONU y la Unión Europea expresan su posición en contra de su uso. En este aspecto, se resaltan dos documentos importantes de la ONU adoptados a finales de 2023. El primero es una nueva Resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la «cuestión de la pena de muerte». Entre otras cosas, la Resolución insta a los Estados miembros que mantienen la pena de muerte a trabajar activamente en limitar estrictamente su aplicación a los «crímenes más graves»; umbral que los delitos de drogas no cumplen, como reitera la propia resolución. También se instó a los estados retentionistas que aplican la pena de muerte obligatoria a poner fin a esta práctica.
El segundo documento es un informe de OHCHR. En él se identifica el uso de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas como uno de los obstáculos para desarrollar políticas de drogas efectivas que estén fundamentadas en los derechos humanos. El informe reitera que «los delitos relacionados con drogas nunca pueden servir de base para la imposición de la pena de muerte» y recomienda la abolición universal de la pena de muerte. Cabe destacar que la OHCHR recibió aportes de estados miembros, sociedad civil o instituciones nacionales de derechos humanos.
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