Unas cuantas semanas atrás, tropas del Ejército de Bolivia descendieron a toda velocidad sobre la granja de Severino Marquina y, uno a uno, arrancaron de la tierra los arbustos de coca.

“El comandante dijo: «Corten esto», y así lo hicieron”, relató Marquina, de 54 años de edad, desde su pequeño trozo del Chapare, región cocalera en el centro de Bolivia. Pero después de la toma de posesión del presidente Evo Morales, el 22 de enero pasado, las tropas destacadas para la erradicación de hoja de coca, como parte del combate a las drogas financiado por Estados Unidos, pasaron sus días relajándose en aisladas bases junto a carreteras, tratando de mantenerse frescos bajo el candente sol. “Esperamos las órdenes del Presidente”, dijo el capitán César Cautín, comandante de un grupo de 60 soldados.

Marquina también está esperando y alberga la esperanza de que el nuevo presidente le permita sumarse a la floreciente cosecha de plantas de coca que los soldados pasaron por alto, del otro lado del arroyo que corre a lo largo de su granja de 9,7 hectáreas.

Sin embargo, es asombrosamente incierta la probabilidad de que eso ocurra.

Morales, indígena aymara de 46 años de edad que creció en la pobreza, en las montañas, quien más tarde se convirtió en cultivador de coca en esta región selvática, no ha suministrado muchos detalles acerca de su estrategia, más allá de asegurar que su gobierno despenalizará el cultivo de coca, pero aplicará una política de tolerancia cero hacia el narcotráfico; en otras palabras: sí a la coca, no a la cocaína.

Morales se ha opuesto desde hace mucho tiempo a los esfuerzos de erradicación por parte de Estados Unidos y ha defendido la hoja de la coca, la misma que, sin el considerable procesamiento para obtener la cocaína, no tiene efectos que alteren la mente y se masca en Bolivia para mitigar el hambre e incrementar el vigor. El presidente boliviano ha jurado que pugnará por la apertura de mercados en gobiernos extranjeros para los muchos productos legales que se pueden fabricar a partir de la coca, como jabón, champú, pasta de dientes y harina.

Asimismo, él quiere abrir mercados para el té de coca, el cual es legal y popular en los Andes. Todas las formas de coca, que tiene un leve efecto estimulante, han sido incluidas en una lista negra por la Organización de Naciones Unidas desde 1961.

Morales también comentó que 23.000 agricultores en el Chapare podrían seguir plantando coca en un área de aproximadamente 1.450 metros de sus tierras, según se autorizó en un acuerdo suscrito en 2004 por el entonces presidente Carlos Mesa, lo cual nunca fue aprobado por Washington. El jefe del Estado está a la espera de los resultados de un estudio financiado por la Unión Europea para precisar justamente cuánta coca necesitan los bolivianos para aplicaciones tradicionales y legales, antes de decidir si el cultivo pudiese aumentar.

Tranquilidad para todos

Pero con el fin de mantener buenas relaciones internacionales y atraer inversionistas, Morales debe encontrar una forma de brindarles tranquilidad a gobiernos e inversionistas extranjeros en cuanto al control del narcotráfico, en particular a vecinos como Brasil, que es, después de Estados Unidos, el segundo mayor consumidor de cocaína, y al mismo Estados Unidos, que invierte hasta 1 millardo de dólares al año en el combate de la cocaína en los Andes. Como una forma de empezar, Morales nombró a Felipe Cáceres, uno de los ex alcaldes del Chapare y pequeño agricultor cocalero, para el nuevo puesto de viceministro de coca, para que, esencialmente, supervise el combate al narcotráfico, nombramiento que Washington respaldó.

El Gobierno estadounidense, que desde hace varias gestiones ha argüido que solamente decisivos programas de erradicación e intercepción controlarán el tráfico, desdeña la posición de Morales en cuanto a “sí a la coca, no a la cocaína”.

“Resulta difícil ver cómo podría funcionar esta idea, en cuanto a que Morales va a ir detrás de los narcotraficantes, pero va a permitir que la coca florezca”, expresó un prominente asesor del Congreso en Washington, el cual contribuye con la formación de la política antidrogas y habló bajo la condición de mantenerse en el anonimato. “Es un enfoque soñador e ingenuo permitir que la flor prospere y prohibir el bouquet”.

Algunos legisladores estadounidenses temen que el progreso logrado en contra de la coca en Colombia —donde el cultivo se ha reducido de manera considerable— pudiera verse alterado por un estallido del cultivo en Bolivia, aunado a un repunte en el tráfico ilegal. Se calcula que actualmente se cultivan 26.467 hectáreas de coca en Bolivia, la mitad de las cuales se cultiva de manera legal, para usos tradicionales.

Algunos funcionarios estadounidenses albergan grandes inquietudes con respecto a que uno de los elementos centrales de su costosa campaña andina —la erradicación— haya sido suspendida en Bolivia. El embajador de Estados Unidos en Bolivia, David N. Greenlee, lleva a cabo una estrategia discreta, enfocada a no presentarle desafíos al Gobierno, pero lamentó la situación.

“No hay erradicación, y en este momento esa es mi inquietud”, dijo recientemente, antes de reunirse con el nuevo canciller boliviano, David Choquehuanca, quien se ha referido a la coca como “una hoja sagrada”.

Una nación paria

Bolivia, país al que muchos en Washington ven como un símbolo del éxito del combate a las drogas, era una nación paria apenas hace 15 años, con 49.777 hectáreas de coca bajo cultivo. En 1988, el país penalizó la coca, empezó la erradicación patrocinada por Estados Unidos y la producción cayó a niveles bajísimos, de 19.425 hectáreas en 2000. Bolivia pasó de ser el segundo productor de coca —buena parte de su cocaína iba a Estados Unidos—, a un distante tercer lugar, después de Colombia y Perú, con la mayor parte de la droga yendo a Brasil.

La erradicación de un cultivo tan lucrativo tuvo serias repercusiones sociales y políticas para un país desesperadamente pobre, donde la coca y la cocaína se habían convertido en una de las principales industrias. Con sus pérdidas de millones de millones de dólares, cocaleros en el Chapare —a menudo encabezados por Morales— protestaron, obstruyeron carreteras y combatieron a fuerzas de seguridad con consecuencias fatales.

La intranquilidad debilitó al Estado a grado tal que 2 presidentes fueron obligados a dimitir en los 20 meses que terminaron en junio de 2005. Los estadounidenses respondieron a la creciente popularidad de Morales tratando de marginarlo de la política, pero el esfuerzo solamente elevó su popularidad entre los bolivianos, y ganó las elecciones con más de 52% del voto.

Ahora, en deferencia a Morales, quien cuenta con un índice de aprobación de 74%, algunos endurecidos guerreros que combaten las drogas en Bolivia están diciendo que se le debe dar una oportunidad. Y algunos especialistas en política de drogas se están inclinando a favor de que gobiernos e inversionistas extranjeros consideren el plan de Morales, incluso si constituye una batalla cuesta arriba que va en contra del sentir antidrogas que está enraizado en Occidente.

“Si hay algo que debería hacer la comunidad internacional, aunque sólo fuera por deferencia a que ganamos las elecciones, es tomar con seriedad sus argumentos en cuanto a que los productos derivados de la coca tienen un lugar en el mercado internacional de mercaderías”, dijo Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la Alianza Política de Drogas, grupo independiente de estrategia que afirma que el combate a las drogas ha sido contraproducente.

En una reciente feria de coca efectuada en La Paz, dos docenas de empresas bolivianas y peruanas expusieron productos hechos con coca que, ellos esperan, algún día sean aceptados en todo el mundo.

Aparte del jabón, el champú y el dentífrico, había pociones digestivas que eran promovidas como suplementos de calcio y hierro, o como una cura para la alopecia o como un auxiliar en la dieta. Y también había una harina verde claro para hacer pan.

A diferencia del Chapare, el epicentro de los esfuerzos de erradicación en Bolivia, la coca crece legalmente en la vasta región de Yungas, donde agricultores de la localidad venden su cosecha en el mercado que supervisa el Gobierno, en la cercana capital de La Paz.

“La coca es nuestro pan diario, es lo que nos da trabajo, lo que nos da nuestra forma de ganarnos la vida”, dijo Pasquale Quispe, de 53 años de edad, quien es el propietario de una granja de casi tres hectáreas. “En otros países dicen que la coca equivale a droga, pero nosotros no consumimos drogas. Son los gringos quienes consumen drogas”.

No obstante, con tanta coca siendo producida en Yungas, las autoridades dicen creer que buena parte de ella termina en la forma de cocaína. “La hoja sale legalmente”, dijo el agente policial, teniente coronel Julio Cruz.

“Pero, una vez que ya salió, termina en los laboratorios, donde la usan en la producción de cocaína.

Nosotros no podemos escoltar a cada camión que sale al mercado”.