Las drogas y todo aquello que las rodea suelen narrarse desde la desinformación deliberada o el desconocimiento ingenuo. Lo propio ocurre con los procesos de reforma a las políticas de drogas. El pasado 20 de julio se volvió a radicar en el Congreso el proyecto que busca habilitar el mercado legal de marihuana para uso adulto en Colombia. La mayoría de medios de comunicación titularon sobre la vuelta del proyecto que este busca regular el cannabis. Sin embargo, esto es falso. Hay una sutil diferencia entre habilitar que se regule un mercado y regularlo. Especialmente, si tenemos en cuenta que para dar este paso se requiere un cambio en el texto constitucional y expedir una ley que detalle los aspectos técnicos de la regulación.
El camino que debe recorrer la regulación de la marihuana es más complejo de lo que se cree, gracias a una reforma constitucional que impulsó el gobierno Uribe. Tras múltiples propuestas de reforma constitucional que buscaban revertir la despenalización del porte y consumo personal de drogas, el gobierno logró la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2009. Así, cambió el artículo 49 de la Constitución, que se refiere a la salud como servicio público y prohibió el consumo y porte de sustancias psicoactivas, salvo prescripción médica.
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