La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, presentó el viernes al Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley que prohibirá fumar en centros o lugares de trabajo, así como en establecimientos de hostelería y restauración cerrados, con superficie superior a 100 metros cuadrados, a no ser que se habiliten zonas para fumadores.

El anteproyecto tiene por objeto establecer limitaciones a la venta y suministro del tabaco, a su consumo y a la publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, atendiendo a los efectos nocivos para la salud y la mortalidad que ocasiona: 50.000 personas mueren al año por su causa.

Así, la norma prohibirá vender e incluso «entregar» tabaco a personas menores de 18 años. Asimismo, establece un listado de lugares en los que se impone la «prohibición total de fumar»: centros de trabajo públicos y privados en espacios cerrados, centros sanitarios, docentes y de atención social, instalaciones deportivas cubiertas, servicios de atención al público, centros culturales, áreas donde se manipulen o vendan alimentos, medios de transporte colectivo y estaciones.

También establece una serie de lugares donde se prohíbe fumar, aunque se concede la posibilidad de habilitar zonas para fumadores: centros o lugares de trabajo, de atención social, comercios, establecimientos de hostelería con superficie superior a 100 metros cuadrados, teatros, cines y otros espectáculos públicos en espacios cerrados y aeropuertos.

Estas zonas habilitadas para fumadores deberán cumplir una serie de requisitos, tales como una señalización adecuada, separación física del resto de las dependencias y dotación de sistemas de ventilación independientes.

El anteproyecto también incorpora al ordenamiento jurídico español una directiva europea aprobada en mayo de 2003 por la que se extiende la prohibición de la publicidad de este producto a la radio, prensa, vallas y cines. Además, se prohibirá la distribución gratuita o promocional de los productos del tabaco.

Por otra parte, el Consejo de Ministros abordó un informe sobre el impacto que supondría la subida de los precios del tabaco. Este estudio asegura, citando datos del Banco Mundial, que esta medida tiene «una mejor relación coste-efectividad para reducir el consumo».

En este sentido, el Ejecutivo estima que un aumento del precio de venta al público de un 20% supondría una reducción del consumo del 8,6%, o lo que es lo mismo, dejaría de fumar alrededor de 1.169.600 ciudadanos.

A partir de ahí, el Gobierno advierte de que el precio de la marca de cigarrillos más vendida en España es el más barato de la UE, ajustado al poder adquisitivo de los Quince, concretamente 3,3 euros (sólo superado por Italia, donde vale 3,05 euros). Por contra el precio se sitúa en los 8,60 euros en Irlanda; 6,94 en Francia y 6,94 euros.

Además, el Gobierno tiene información de que la Asociación de Productores de Tabaco tiene previsto lanzar una cajetilla de rubio a un precio de 1,15 euros.

El anteproyecto de Ley de Prevención del Tabaquismo también recogerá un régimen de infracciones y sanciones cuya recaudación podrá destinarse a la financiación de las políticas para dejar de fumar que realizan las comunidades autónomas, según informó el departamento de Elena Salgado en un comunicado.

Sanidad no especifica el importe de las «multas» que contempla para los infractores, si bien advierte de que tipificará las correspondientes conductas contrarias a la norma y les asignará la respectiva sanción. Es más, la futura norma «identificará los responsables, incluso en los supuestos de infracciones cometidas por menores, y se delimitarán claramente las competencias sancionadoras». Posteriormente, las comunidades autónomas podrán destinar el importe de la recaudación a la implantación de cursos y al desarrollo de programas de deshabituación tabáquica.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Elena Salgado señaló que la Ley pretende ayudar a los fumadores a dejar el hábito tabáquico y preservar la salud de toda la población sin necesidad de optar por la ilegalización. «El convertir de un día para otro el tabaco en una droga ilegal crea desde luego mucho más problemas de los que soluciona».

«A mí me parece que esa no es la vía, sino proteger la salud de los no fumadores, diseñar políticas que tiendan a la abandono del hábito tabáquico», recalcó la titular de este departamento. Además, advirtió de que «el tabaquismo es la principal causa de enfermedad y muerte evitable en España y constituye una de las prioridades para la salud pública».