El tabaco es un arma de destrucción masiva. Esto es al menos lo que se puede concluir después de echar un vistazo a los datos.
Cerca de 60.000 personas mueren cada año en España por esta causa, y solo esta droga provoca más muertes que los accidentes de tráfico, el sida, las drogas ilegales y el alcohol juntos.
De las cinco causas principales de muerte en el mundo desarrollando cuatro se deben al tabaco y el gasto que este hábito supone a la sanidad pública es multimillonario. Sin embargo, a pesar de que todos estos datos son de sobra conocidos en España, al menos un tercio de la población mayor de 16 años fuma, una de las cifras más altas de la Unión Europea.
Aunque es cierto que el consumo de tabaco ha bajado un 6% frente al año anterior y que la sociedad cada vez está más concienciada de los peligros de esta adicción (la mitad de los fumadores quiere dejarlo) desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo se llama la atención sobre dos nuevos grupos de riesgo: las mujeres y los jóvenes.
El 31% de las chicas menores de 18 años fuma frente al 21% de chicos y además, cada vez se empieza a fumar antes. Según datos de las Encuesta Nacional de Salud la edad media para adquirir este hábito es de 13 años, lo que supone que los jóvenes son ahora destinatarios principales de las compañías tabaqueras. Este dato, según comenta José Luis Viejo, jefe de Neumología del hospital General Yagüe de Burgos, es «escalofriante» por lo que significa de precocidad. La conclusión: no hay una concienciación real del problema y los jóvenes comienzan todavía a fumar «como si fuera un juego».
Pero nada más lejos de la realidad. Cáncer de pulmón, enfisema pulmonar, cardiopatías, ictus cerebral y miles de afecciones menores acompañan al tabaco. Por hacer un balance general: una persona que fuma durante 20 ó 30 años verá reducida su esperanza de vida en al menos 10 años.
Conflicto de intereses
Pero, si todo lo que se puede decir del tabaco es negativo, ¿por qué no se ataja este vicio con más firmeza desde las instituciones? Según Rodrigo Córdoba, Presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, existe un debate entre la salud pública y los intereses de la industria en seguir obteniendo grandes beneficios «a expensas de la salud de la gente». El 72% del precio de una cajetilla se destina a impuestos, lo que se traduce en que un 5% del presupuesto de nuestro país proviene del tabaco. En contraposición, el gasto sociosanitario del país por el tabaco es un 70% mayor que los ingresos que generan los impuestos especiales.
Pero a pesar de que el balance certifica que el tabaco es un pésimo negocio para el Estado, Rodrigo Córdoba llama la atención sobre el hecho de que es un «dinero limpio que llega sin esfuerzo».
Esto significa que si el tabaco se prohibiera el Estado dejaría inmediatamente de percibir el ingreso y sin embargo no apreciaría el ahorro en el gasto sanitario hasta 20 o 30 años después y los políticos, según apunta Córdoba, «quieren el dinero aquí y ahora».
Aunque no se pretenda tomar medidas drásticas desde el Ministerio de Sanidad sí se ha puesto en marcha un proyecto de ley de prevención del tabaquismo. Con esta ley se pretende regular la venta y consumo de tabaco. Algunos de sus puntos fuertes serán prohibir fumar en los lugares de trabajo y evitar la publicidad de tabaco en todos los medios. Las sanciones podrán llegar a 600.000 euros en casos muy graves. En este sentido, el doctor Viejo señala que siempre es positiva la legislación contra el tabaco pero ahora hace falta que se cumpla algo que no sucede hace en la actualidad.
Esto contribuirá a entender, según apuntó, que «socialmente iremos entendiendo que esto no se hace ni por comodidad ni por moda» sino por una intención sana como ha ocurrido en otros países.
Y es que España es, según Rodrigo Córdoba, el «fumadero y el estanco de Europa» debido a su permisividad y a lo barato de los cigarrillos. Esto, dijo, debe terminar para integrar a España en la Unión Europea no solo con leyes y pactos políticos sino con actitudes cívicas y concienciación social.
