La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, anunció ayer que estudia elevar las tasas del tabaco y del alcohol para incrementar los fondos que se destinan a la sanidad pública, «ya que lo razonable para un sistema que se financia con impuestos es que esa mayor financiación venga también de mayores impuestos». Indicó que el incremento incluiría a los hidrocarburos.

Salgado descartó que puedan adoptarse «medidas que atienden al corto plazo», como por ejemplo el cobro de dinero por consulta. «Sólo frena la asistencia al médico de las personas más necesitadas», aseveró.

La ministra considera más sensata la idea de modificar los impuestos sobre tabaco, alcohol o gasolina. En este sentido, dijo que «podría entenderse que los impuestos sobre la gasolina no sean soportados directamente por las personas más necesitadas».

A su juicio, utilizar impuestos como los del tabaco y alcohol para financiar la sanidad «es una alternativa que puede contemplarse en el medio plazo».

«Sensibilidad» ministerial

Destacó que, tanto el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, como el director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, «tienen una especial sensibilidad hacia los temas de sanidad, si bien no va a poder demostrarse en este año 2004, y es probable que ni tan siquiera en 2005, porque hasta el presupuesto del 2005 está comprometido por el hecho de tener que pagar deudas del pasado».

Salgado se mostró segura de que «esa especial sensibilidad va a permitir mejorar la calidad de nuestra sanidad a lo largo de esta legislatura, haciendo todo el mundo sus deberes». Para salgado, es importante solventar antes «algunas cuestiones de ineficiencia», y por ello cuando se habla de alcanzar un pacto por la sanidad «no debe hablarse sólo de financiación».

«El acuerdo tiene que ser más amplio -manifestó-, tiene que ser por supuesto del Gobierno y las administraciones autonómicas, que son las que ejercen las competencias sobre la atención sanitaria, pero tiene que incluir también a los profesionales, a la industria, y a los farmacéuticos y distribuidores». «Pero tiene que incluir también a los ciudadanos -añadió-, y eso es algo que hay que tener siempre en cuenta; tiene que incluirlos porque la base de cualquier acuerdo sobre sanidad tiene que ser una actitud razonable por parte de los ciudadanos, que comienza por cuidar la propia salud».