Falta muy grave: Infracciones reiteradas, hasta 600.000 euros (100 millones de pesetas).
Falta grave: venta de alcohol en establecimientos no autorizados, de 3.000 euros a 15.000 euros (2,5 millones de pesetas).
Falta leve: como el incumplimiento de los horarios se sancionará con una multa de hasta 3.000 euros (500.000 pesetas).sanciones.
El Ayuntamiento de Granada tiene a partir de hoy potestad para multar a aquellos establecimientos que incumplan el decreto sobre limitaciones a la venta y consumo de alcohol, convirtiéndose así en la primera ciudad andaluza, junto a Sevilla, con poder sancionador en esta materia. Pero antes de actuar y castigar a los posibles infractores, el alcalde de la ciudad, José Moratalla, ha anunciado la puesta en marcha de una campaña informativa dirigida a todas las áreas comerciales, de servicio y tiendas que pueden incurrir, por sus características, al incumplimiento de la norma.
El primer edil firmó ayer con el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, el convenio de cesión de la capacidad sancionadora con el objetivo de incrementar las limitaciones y consumo de bebidas alcohólicas. La norma incluye como principal medida la prohibición de la venta, el suministro o la distribución de bebidas alcohólicas entre las 20.00 y las 8.00 horas en establecimientos que no se dediquen a la restauración y a la hostelería, así como en gasolineras y áreas de servicios de carreteras, autovías y autopistas siempre que la graduación sea superior a los 20 grados. Moratalla manifestó que Granada servirá de ejemplo al resto de las grandes ciudades andaluzas «que confiamos se adhieran cuanto antes a este acuerdo».
Atajar un mal
En su opinión, se da un paso muy importante para atajar uno de los males que azota a la juventud, como es el consumo abusivo del alcohol y, además se ofrece a los ciudadanos «el tan deseado derecho al descanso». El alcalde quiso dejar claro que no se trata de empezar con intervenciones policiales «porque entonces el decreto sería un fracaso», sino de concienciar a la sociedad y a los colectivos afectados por esta norma. «Es un problema de co-responsabilidad de todos, padres, educadores y políticos, y entre todos tenemos que solucionarlo», afirmó.
En los próximos días se reunirá el equipo de gobierno para determinar el calendario de actuaciones y fijar el inicio de la campaña informativa.
Uno de los mayores problemas al que se enfrentan los ayuntamientos andaluces a la hora de aplicar este decreto es, sin duda, la falta de presupuesto e infraestructura. De hecho, consistorios como el de Jerez se niega a ponerlo en marcha hasta contar con financiación de la Junta. Por ello, el consejero de Asuntos Sociales planteó ayer la posibilidad de que sean las diputaciones provinciales las que suscriban este convenio en nombre de los municipios de menos de 20.000 habitantes y tengan así capacidad sancionadora. Asimismo, el decreto otorga potestad a las corporaciones para recaudar las sanciones económicas, destinándolas a la financiación de iniciativas que se desarrollen dentro del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.
