Los 191 países de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibieron ayer el que es el primer borrador del futuro convenio marco para el control del tabaco, destinado a convertirse en el primer tratado internacional sobre una materia de salud pública.

El texto fue presentado públicamente por el presidente del órgano intergubernamental que negocia el convenio, el brasileño Luiz Felipe de Seixas Correa, quien confía en que el texto pueda ser aprobado por los gobiernos en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, en mayo del 2003.

El texto establece una serie de principios básicos, obligaciones y medidas relativas a la reducción de la demanda o de la oferta, incluidos la publicidad, protección del medio ambiente, responsabilidad e indemnización, cooperación científica y solución de disputas.

El diplomático brasileño reconoció que los mayores problemas a la hora de elaborar un texto sobre la base de las distintas propuestas de países con legislaciones internas muy distintas los encontró en los capítulos sobre publicidad y responsabilidad de las compañías tabaqueras.

Librarse de la publicidad

El texto del presidente exige «medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y otras» para «reducir con vistas a su eliminación gradual la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos de tabaco» si bien no se mencionan plazos concretos.

El borrador reclama la eliminación paulatina del patrocinio de actos deportivos y culturales por la industria tabacalera, así como de la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos en televisión por cable y por satélite, radio, Internet, periódicos y otros medios impresos.

También se demanda a las empresas tabacaleras que revelen todos sus gastos en publicidad, promoción y patrocinio e imponen restricciones estrictas a esas actividades cuando van dirigidas a «grupos vulnerables».

Sin embargo, en la parte que se trata de la «responsabilidad e indemnización» toda decisión pertinente adoptada por los tribunales.

Comité de expertos

Con respecto a los perjuicios para la salud, el texto recomienda estudiar «la posibilidad de establecer un comité consultivo de expertos encargado de crear una base de datos técnicos y científicos» que servirá para apoyar las actividades legislativas y judiciales.

Los Estados se comprometen a garantizar que el público y sobre todo los grupos vulnerables estén plenamente informados de los riesgos inherentes al consumo de tabaco y a aplicar programas eficaces que ayuden a los adictos a abandonar su vicio.

En lo relativo al medio ambiente, las partes acuerdan vigilar la utilización de plaguicidas y combustibles de madera en el cultivo y procesamiento del tabaco.