«La interpretación errónea y sesgada de los límites de consumo personal ha propiciado que fuerzas de seguridad lleven a cabo detenciones y procedimientos penales injustificados contra consumidores recreativos. Esto ha resultado en humillaciones públicas, acoso constante, criminalización de comportamientos personales y, en muchos casos, en vidas truncadas debido a procesos judiciales que nunca debieron iniciarse». Estas palabras forman parte de la carta que un ciudadano dirigió en octubre de 2024 al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. En su misiva, que también envió a las sedes de Madrid y Barcelona, denunciaba el impacto que los criterios de consumo personal de drogas tenían especialmente en comunidades vulnerabilizadas como la LGTBIQ+.
Un día después, extendió su denuncia en una carta al director de gabinete del Ministerio del Interior, en la que relataba episodios de discriminación «sistemática» y criminalización, señalando cómo determinadas intervenciones policiales se cebaban especialmente con personas de «apariencia no normativa». Una situación que fue adelantada en exclusiva por Público, que sacó a la luz los testimonios de tres personas afectadas por estas prácticas, tras una investigación del Movimiento Marika de Madrid.
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