Sin conocerse las conclusiones del estudio de impacto social de los centros de apuestas (bingos) ­supuestamente encargado a la UNAM por el gobierno foxista­ la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará esta semana la legalidad de los permisos otorgados, el sexenio anterior, por la Secretaría de Gobernación (SG).

En mayo de 2005, el entonces titular de Gobernación Santiago Creel Miranda (hoy presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República), dio 198 permisos a un puñado de empresas, algunas vinculadas a los medios de comunicación, para operar Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de Números.

Las polémicas autorizaciones ocurrieron unos días antes de que el ahora legislador panista dejara la dependencia para buscar la candidatura de su partido a la Presidencia de la República.

Si el máximo tribunal del país declara que el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos ­decretado por el presidente Vicente Fox en septiembre de 2004­ es inconstitucional, podrían cancelarse los permisos que hasta el momento se perfilan como negocios millonarios, con vigencia para los próximos 25 años.

Entre los beneficiarios del paquete de permisos referidos destaca Apuestas Internacionales, filial de Televisa, la cual obtuvo, tan sólo tres meses después de constituirse, permisos para operar 130 negocios de este tipo, de los cuales ­según información de Gobernación­ ya están en operación 10.

Aun cuando el anterior secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza había dicho que no habría movimientos hasta que la Corte resolviera, esta filial ya tiene diversas “modificaciones” efectuadas al permiso DGAJS/SCEVF/P-05/2005 que ha permitido la apertura de bingos en Cholula, Puebla; Miguel Hidalgo y Benito Juárez, DF; Coacalco y Chalco, estado de México.

La SG autorizó también, apenas el 4 de octubre pasado, cambio a los reglamentos internos de operación y funcionamiento; cronogramas de actividades y reglamentos internos, así como “nuevas modalidades de sorteos y cambios a nombres de sorteos previamente autorizados”.

Otras empresas que registran “modificaciones” son, entre otras, Juega y Juega y Promojuegos de México; a esta última (propiedad de Raúl Quintana y Pablo Cortina) la dependencia le autorizó la captación de apuestas vía Internet y telefónica; instalación de un centro de apuestas remotas en Orizaba, Veracruz, y una prórroga de seis meses para dar cumplimiento al programa de aperturas de establecimientos del primer año de vigencia del permiso.

En caso contrario, si el máximo tribunal determina que el reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos (impugnado por el pleno de la Cámara de Diputados) se apega a la Carta Magna, se dará luz verde a la proliferación de centros de apuestas.

Este fenómeno, en opinión de la organización social Di no a los Casinos, dirigida por Daniel Olivares, advierte que el incremento de este tipo de negocios provocará un problema grave de “ludopatía”.

Este grupo civil, posiblemente el único en su tipo en nuestro país, presentó en junio de 2005 una denuncia contra el entonces secretario Creel y su equipo por presuntos actos de corrupción, tras la autorización masiva de permisos.

A más de año y medio de eso, la demanda sigue en trámite en el Area de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la secretaría.

Olivares afirma que Abascal Carranza “no hizo nada por abrogar el reglamento inconstitucional ni por impedir la proliferación del juego incesante y, en la práctica solapó a funcionarios corruptos y a los ‘casineros’ en detrimento de la sociedad, que ya está sufriendo los efectos nocivos de la ludopatía”.

Interés gubernamental

El contenido de los permisos evidencia el interés gubernamental respecto de la constitución y operación de las empresas y dedica apenas un par de incisos al efecto social de estos negocios: que la propaganda sea clara para evitar que los jugadores sean timados y la prohibición de que los bingos se establezcan a menos de 200 metros de escuelas, centros de trabajo y lugares de culto, lo cual no se cumple, toda vez que los centros de apuestas se encuentran, al menos, muy cerca de centros de trabajo.

Desde los primeros meses de 2006, Abascal dijo que encargaría una investigación respecto del “impacto social” de la proliferación de centros de apuesta. Sin embargo, nunca se informó oficialmente quiénes o dónde se realizaba tal estudio. Culminó el sexenio foxista y, hasta el momento, la UNAM no ha confirmado si, como señalaron los funcionarios anteriores, se ha desarrollado el “análisis multidisciplinario” cuyo costo absorbería el erario.

Sin los resultados de tal estudio ­al menos no se han difundido­ la Corte ya dio facultad a la secretaría para regular los juegos y espectáculos en que se crucen apuestas en ferias: peleas de gallos, carreras de caballos, dados y ruleta.

Enseguida, resolverá acerca de los centros remotos de apuestas, luego de que en noviembre de 2004 la Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional del reglamento vigente desde el 17 de septiembre de 2004, porque el Ejecutivo amplió, unilateralmente, el concepto de sorteos.