Redacción-

El 28 de Abril empezaron las movilizaciones en Colombia contra la reforma tributaria de Iván Duque. Con ella el gobierno pretendía subir los impuestos para cubrir el hueco fiscal de la pandemia. Las protestas sociales fueron multitudinarias y canalizaron el descontento social generalizado por la situación de crisis que atraviesa Colombia y que se ha visto recrudecida por la pandemia. La respuesta del gobierno ante las movilizaciones ha sido la represión policial y la militarización de las calles, tras 14 días de protestas la Defensoría del Pueblo ha recibido el informe de 42 muertos y 168 personas desaparecidas.

El Comité Nacional de Paro (CNP), son las siglas bajo las que se articula el pliegue de demandas de los manifestantes. Por otro lado unas cuantas organizaciones con la necesidad urgente de abrir un debate para reformar la política de drogas desde la evidencia técnica y científica, global y local, han decidido no quedarse al margen del proceso y han escrito una propuesta para el CNP. Una propuesta para incluir unos puntos en la discusión relacionada con el cumplimiento del punto 4 del acuerdo de paz, que busca la «Solución al Problema de las Drogas Ilícitas». Algunas de las organizaciones firmantes son: Elementa DDHH, CPAT, Acción Técnica Social, Humanas Colombia, Teméride, Temblores, Corporación Viso Mutop o Sisma Mujer.

En este documento exponen que «el narcotráfico ha aumentado su influencia en la violencia en Colombia», y que parte del descontento generalizado se deriva de este problema.  Señalan la corrupción política y el estancamiento en unas políticas prohibicionistas como las principales causas.

Como comentan en el documento, el principal socio en «la guerra contra las drogas» de Colombia, Estados Unidos, está a punto de regular el cannabis para uso medicinal y recreativo para toda la nación. También está reduciendo las medidas restrictivas contra los consumidores de opioides como estrategia para contrarrestar la epidemia que vive actualmente, ya que mediante la prohibición de las drogas, la penalización del consumo o restricción de acciones en salud, no ha podido contener la situación. Además, la comunidad internacional destacan que esta «desmontando las medidas coercitivas y prohibicionistas, para avanzar hacia un enfoque de desarrollo sostenible, salud pública y derechos humanos, basada en la evidencia y con una fuerte participación de todos los actores involucrados». Mientras tanto, en Colombia y con el apoyo de Estados Unidos y la comunidad internacional, se destina el 95% por ciento del presupuesto en la «Reducción de Disponibilidad de Drogas», persecución y represión, y el 3% en “Prevenir y Reducir el consumo de Sustancias Psicoactivas”, donde se incluye el trabajo de reducción de daños y prevención de riesgos.

Para las firmantes de la petición, el aumento de consumo de sustancias psicoactivas en menores, es una muestra más del fracaso de las políticas de drogas actuales, que entre otras cosas, tienen como objetivo retrasar la edad de inicio del consumo.

Por todo ello las organizaciones firmantes del documento solicitan que en el debate sobre las exigencias del cumplimiento del Acuerdo de Paz relacionadas con el punto 4, sobre la «solución al problema de las drogas ilícitas», se discutan los siguientes puntos:

  • Cumplimiento del Acuerdo de Paz en el punto 4, relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas, en ese sentido se requiere continuar con el Plan Nacional Integral de sustitución de Cultivos Ilícitos–PNIS y la construcción participativa de los Planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo –PISDA, con enfoque de género y diferencial; los cuales van encaminados a la sustitución voluntaria, basados en el respeto y garantía de los derechos fundamentales en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. Esto debe incluir la posibilidad de nuevas inscripciones al PNIS y el cumplimiento de los compromisos a las familias que ya firmaron, teniendo en cuenta la articulación con el Punto 1 del Acuerdo, Reforma Rural Integral.
  • Aprobar e implementar la legislación sobre tratamiento penal diferenciado a pequeños cultivadores y cultivadoras.
  • Promover alternativas al encarcelamiento para personas que se involucran en actividades de tráfico que cumplan características de vulnerabilidad económica, comisión de delitos no violentos y responsabilidades como cabeza de hogar.
  • No reactivar el uso de glifosato como estrategia para la eliminación de cultivos declarados ilícitos y mantener la suspensión de la fumigación aérea ordenada por la Corte Constitucional.
  • Aumentar a un 10% del total del presupuesto de la Ruta Futuro. Los recursos destinados para el componente No. 1 sobre “Prevenir y Reducir el consumo de Sustancias Psicoactivas” darán prioridad al tratamiento del tema de drogas como un asunto de salud pública, respetando los derechos humanos, participativo y basado en la evidencia.
  • Respeto a las libertades individuales consagradas en la Constitución Nacional y en los fallos de la Corte Constitucional sobre el libre desarrollo de la personalidad.
  • Retomar la relevancia técnica, política y presupuestal que el enfoque de reducción de riesgos y daños había tomado en los últimos años y que había puesto a Colombia a la vanguardia regional en este tipo de intervenciones.
  • Desmontar los decretos y leyes relacionadas con la sanción y criminalización administrativa del consumo de SPA legales e ilegales en el espacio público, y buscar consensos comunitarios relacionados con el respeto y la convivencia de todos los ciudadanos y ciudadanas en el espacio público, protegiendo de manera especial a los niños, niñas y adolescentes.
  • Desarrollar tratamientos especiales y diferenciados para menores de edad consumidores, jóvenes campesinos, mujeres, habitantes de calle, personas privadas de la libertad, indígenas y afrocolombianas.
  • Apoyar los proyectos de ley relacionados con la regulación del cannabis para uso adulto, el tratamiento penal diferenciado, el uso alternativo de la hoja de coca, como señal de una intención de cambio en la política de drogas y abrir el debate sobre la regulación del mercado ilegal de la cocaína para aportarle a la paz, la convivencia y la economía.
  • Generar un diálogo abierto con países de la región y de todo el mundo para buscar caminos alternativos al tratamiento prohibicionista frente al tráfico y consumo de sustancias psicoactivas.
  • Reconocer a las organizaciones de consumidores y a quienes consumen sustancias, no solo como receptores de acciones de política, sino también como actores claves en su construcción y desarrollo.
  • Buscar la participación activa del campesinado e indígenas víctimas de las políticas de drogas, en los nuevos modelos de regulación de mercado como el de la marihuana, y de paso, garantizar medidas de reparación y no repetición sobre las personas víctimas y sus comunidades.

 

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