Redacción-
El 7 de abril del 2021 se legalizó la marihuana de forma recreativa en Virginia. De momento es legal su consumo, posesión y cultivo, bajo algunos límites, pero la venda no se prevé que esté legalizada hasta 2024. El principal motivo del retraso ha sido la discusión sobre la equidad social que deben promover las licencias.
Las personas racializadas, en Virginia, tienen tres veces más probabilidades de ser arrestadas por posesión de marihuana que las personas blancas. La equidad social en la legalización del cannabis trata de restaurar el daño, en la medida de lo posible, a las comunidades más afectadas por la prohibición. En un momento crucial para el asentamiento de la industria en el país, una de las claves de la equidad social recae en la repartición equitativa de las licencias para producir el cannabis.
El martes de la semana pasada, el senado de Virginia aprobó un proyecto de ley que describe desde la concesión de licencias hasta la aplicación, incluida una disposición que permitiría a los procesadores farmacéuticos y a los grandes procesadores industriales de cáñamo comenzar a vender marihuana recreativa el 15 de septiembre. El resto del mercado comenzaría el 1 de enero de 2024.
Los legisladores y los dispensarios argumentan que las ventas tempranas son necesarias para cerrar una brecha, creada el año pasado cuando la Asamblea General, entonces controlada por los demócratas, legalizó la posesión, pero retrasó las ventas hasta 2024. También señalan que con esta fórmula podrán limitar el mercado negro de marihuana al proporcionar ventas seguras y reguladas antes de 2024.
A los defensores de la equidad social les preocupa que darles a los procesadores farmacéuticos una ventaja en las ventas les dará una ventaja de mercado que dificultará que los pequeños empresarios se afiancen más adelante. El proyecto de ley señala como grandes procesadores industriales de cáñamo, a las empresas hayan procesado al menos 40,000 libras de cáñamo, un umbral que deja fuera la mayoría de granjas pequeñas del estado.
Sharon Mallory, directora ejecutiva interina de 2020 Farmers Cooperative, que aboga por los agricultores negros y socialmente desfavorecidos, destacaba que las personas racializadas se concentran en granjas pequeñas, y que favorecer a las grandes empresas no respondería a la equidad social en la que dice centrarse la ley.
La ley incluye otras medidas de equidad social como la creación de un fondo comunitario que dirija dinero a comunidades desproporcionadamente afectadas por la aplicación de las leyes de drogas. Pero si las ventas de transición se abren solo a los grandes procesadores farmacéuticos y de cáñamo establecidos, los defensores de la equidad social temen que el programa de equidad social del estado sea «demasiado pequeño, demasiado tarde».
Una carta firmada por docenas de organizaciones que abogan por una industria del cannabis más equitativa decía: «La captura temprana y exclusiva del mercado por parte de un puñado de grandes empresas ha socavado constantemente los esfuerzos para crear una industria equitativa y diversa respaldada por pequeñas empresas locales».
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