El presidente de UNAD, D. Luciano Poyato Roca, también exigirá que se garantice el Derecho de Defensa en los juicios rápidos, ya que los 100.000 celebrados hasta ahora han demostrado que existe una inseguridad jurídica al dificultarse una buena defensa para las personas drogodependientes. UNAD pedirá la modificación de todas las leyes que perjudican a los drogodependientes.
El Ministro de Justicia, D. Juan Fernando López Aguilar, recibirá a las 18:00 horas de hoy, 9 de septiembre, al presidente de la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), D. Luciano Poyato Roca, y a otros directivos de la entidad. El motivo del encuentro, que se produce a petición de ONG, es hacer entrega al Ministro de un documento con una serie de propuestas de modificación de algunas de las últimas leyes aprobadas, por considerar que perjudican a los drogodependientes y a los pequeños delincuentes.
En primer lugar, UNAD, que recuerda que el 80% de las personas privadas de libertad lo están a causa de los problemas de drogodependencias, defenderá ante el ministro modificaciones en la legislación penal y penitenciaria que favorezcan otras alternativas a la prisión como la mediación, la libertad vigilada y hacer un mayor uso de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.
Los directivos de UNAD también pedirán una modificación de Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se garantice el derecho de Defensa en los juicios rápidos y, en particular, que las personas drogodependientes cuenten con tiempo suficiente para preparar su defensa y aportar toda la información relativa a su situación general y a su evolución y tratamiento de la adicción, para evitar situaciones cercanas a la indefensión.
En España se han celebrado cerca de 100.000 juicios rápidos en los primeros seis meses transcurridos desde la puesta en marcha de estas vistas. Más del 60% de ellas fueron juicios por faltas que se resolvieron en menos de 48 horas, y el 40% juzgaron delitos en un máximo de 15 días. Se calcula que alrededor del 47% de los asuntos que entraron en los tribunales en los últimos seis meses se resolvieron mediante juicios rápidos.
UNAD considera que estos datos permiten hacer ya un balance de los juicios rápidos, y destaca que en muchos casos no existen posibilidades reales de acreditar la situación real de las personas drogodependientes que se encuentran en un proceso terapéutico. El presidente de UNAD, Luciano Poyato recuerda que algún jurista ya ha dicho que -más que hablar de justicia rápida habría que hablar de justicia apresurada-.
La ONG, que agrupa a cerca de 300 entidades sin ánimo de lucro de todo el Estado, también pedirá al ministro que se busque fórmulas para facilitar la suspensión de la condena de la persona drogodependiente que esté en tratamiento o se encuentre deshabituada.
A la entrevista, además del presidente de UNAD, asistirán el vicepresidente de UNAD y Presidente de la Federación Andaluza de drogodependencias y Sida Enlace, Antonio Escobar Ruiz, el directivo de UNAD y abogado Gabriel López Carmona, y la presidenta de la Federación Gallega de Asociaciones de Ayuda a Drogodependiente (FEGAD) Carmen Avendaño Otero.
Otras de las propuestas de la ONG son posibilitar la rebaja de pena a pequeños trapicheos cometidos por drogodependiente siempre que se someta a tratamiento de deshabituación o acredite haberlo finalizado con éxito, o derogar la norma que introduce el período de seguridad como necesario para la concesión del tercer grado a personas drogodependientes que estén en tratamiento o lo hayan finalizado.
UNAD también pide la regulación de la responsabilidad civil de manera que el impago de la misma no constituya un impedimento para acceder al tercer grado o a la libertad condicional si se carecen de medios económicos para afrontarla.
Otra de las propuestas destacadas será hacer primar las razones humanitarias que permiten el adelantamiento de libertad condicional por enfermedad grave, obviando todo requisito que no tenga que ver con dichas razones humanitarias.
Con estas propuestas, además de evitar situaciones de discriminación que están sufriendo las personas drogodependientes, se evitará la situación de hacinamiento que viven las cárceles españolas, que albergan en la actualidad a más de 60.000 internos.
UNAD quiere recordar a la opinión pública que la cárcel no está permitiendo cumplir la misión reinsertadora que tiene encomendada, por lo que las penas excesivas y la acumulación de penas sólo sirve para castigar de manera desproporcionada a los pequeños delincuentes y para mantener saturadas las prisiones, pero en ningún caso para rehabilitar e insertar socialmente a los drogodependientes. El presidente de UNAD reitera que -el modelo represivo ya ha demostrado su fracaso en la reinserción de personas drogodependientes, y tenemos que tener claro que primer objetivo es la incorporación de esas personas a la sociedad, sin que ello quiera decir que se les exime de la responsabilidad que conlleva el delito que han cometido.´
Las cerca de 300 asociaciones integradas en UNAD desarrollan en la actualidad un total de 1.986 programas: 845 de carácter asistencial, 369 de prevención, 173 con reclusos, 358 de incorporación sociolaboral, y 241 de formación. De estos programas se benefician un total de 926.798 personas.
Para el funcionamiento de todos y cada uno de estos programas las organizaciones de UNAD emplean a más de 2.300 profesionales contratados con amplia experiencia en el sector de las drogodependencias y a más de 2.700 voluntarios con una edad media situada entre los 25 y los 35 años.
La destacada labor social llevada a cabo por UNAD, entidad declarada de Utilidad Pública, ha permitido la obtención de los siguientes galardones: la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, la Cruz Blanca al Mérito del Plan Nacional Sobre Drogas, y la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario.