El Psicólogo General Sanitario y las drogodependencias

EXAMEN DE LA SITUACIÓN

La formación de Psicólogo Interno Residente (PIR) ha sido creada con el fin de obtener el título de Psicólogo Clínico, requisito necesario para todos aquellos que deseen trabajar en el Sistema Nacional Público de Salud (SNS).

Pocos años después de la creación de dicho sistema de formación en 2003, se abrió un proceso de homologación llevado a cabo por la Comisión Nacional de la Espacialidad de Psicología Clínica (CNEPC). Desgraciadamente, pronto empezaron a surgir innumerables problemas, entre otros el que profesionales que llevaban veinte años practicando su labor como psicólogos clínicos no consiguieran ser homologados como tales, o que miembros de distintas entidades que trabajaban en el mismo tipo de patología, pertenecientes a la misma organización y con un mismo e, insisto, un elevado número de años de experiencia, obtuvieran la homologación de forma desigual y arbitraria, quedando algunos al margen de la tipificación recién constituida.

En una extensa carta dirigida al defensor del pueblo, escrita y firmada por Amparo Belloch y Consuelo Escudero, Presidenta y Vicepresidenta respectivamente de la CNEPC (2010)1, fueron efectuadas algunas aclaraciones sobre el proceso de valoración de expedientes para la homologación del título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. En algún momento del texto se dejaba abierta la posibilidad de “haber cometido graves errores y equivocaciones” y, como resultado de los mismos, “haber emitido informes valorativos con ‘falsos negativos’ y ‘falsos positivos’ sobre los expedientes de solicitud”. Intentando dar una puntada al desgarrón efectuado, en algunos casos dudosos se estableció un examen, pero tan desafortunado que, por diversos problemas que sería arduo e inútil enumerar ahora, tuvo que repetirse.

Entre los más perjudicados por esos posibles errores de los que solo a media voz se reconocen responsables las dirigentes de la CNEPC, se encontraban todos aquellos profesionales clínicos que llevaban menos de cuatro años y medio trabajando desde que se aprobara el proceso homologador. Quizá únicamente en salvaguarda y justicia de aquellos cientos de psicólogos que empezaron a trabajar antes de establecerse la nueva normativa y por lo tanto se vieron luego impedidos de ser homologados, podemos decir tranquilamente que, debido a su carácter retroactivo, se trata de una ley injusta.

En consecuencia, es lícito que nos preguntemos qué sucedió con los demás psicólogos y cómo se desarrolló la aprobación de dicha ley en otros sectores. Aparentemente, el tercer sector y el privado han permanecido durante años suspendidos de un hilo muy fino, balanceándose en una especie de limbo institucional. En todos los documentos, cartas y manifiestos que pueden ser revisados al respecto, llama la atención las pocas ocasiones en las que se menciona al sector privado y ninguna el tercer sector, donde, precisamente, trabajan más psicólogos que en el sector público y privado juntos. Como dato significatico, cabe decir que en España hay casi tres millones de donantes del tercer sector. Sea como fuere, lo que resulta inaudito es que, hallándonos inmersos en una crisis económica tan profunda como la actual, se haya seguido dejando en un largo e inexplicable suspense a los sectores productivos del país.

Con relación al sector privado y en contra de lo que muchos creen, se debe apuntar también que son muy escasos los psicólogos que viven única y exclusivamente de su consulta privada. Por el contrario, es harto más frecuente encontrar quienes trabajan por la mañana en lo público y por la tarde en lo privado, sin miedo o escrúpulo a incompatibilidad profesional alguna.

Abundando en la cuestión que nos incumbe, todo este proceso de la psicología viene constituyendo una larga incertidumbre para los profesionales del sector y un considerable desanimo, que con el tiempo ha ido en aumento, para los estudiantes, puesto que a la deficiente y complicada labor de inserción laboral que se realiza en España, hay que sumar el que el camino para poder ejercer nuestra profesión, inveteradamente en forma de embudo, es cada día más estrecho. Grosso modo, en nuestro país hay aproximadamente “treinta facultades” de psicología y “cien plazas” disponibles para formarse en el PIR, lo cual quiere decir que tan solo tres estudiantes por facultad podrán ejercer algún día la labor clínica. Si este dato lo contrastamos con el hecho de que alrededor de un 65% de los estudiantes de psicología aspiran a desarrollar actividades sanitarias, el grado de insatisfacción instaurado entre los futuros profesionales difícilmente puede ser más alto.

Desafortunadamente, y como cabía esperarse, con el paso del tiempo las cosas se han ido volviendo más y más confusas, llegándose, por ejemplo, a crear asociaciones gremiales como la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR) o la Mesa Gallega de Psicología Clínica, que, entre otras cosas negativas, se han dedicado a poner trabas a las homologaciones o a cualquier tipo de mejora propuesta por sus otros colegas psicólogos. Según Felicísimo Valbuena (2012)2, Catedrático de Ciencias de la Información, las asociaciones de “psicólogos clínicos” son insolidarias debido a que proponen de forma sistemática excluir al mayor número posible de psicólogos que ejerzan la profesión, evitando así que haya más especialistas después de un 2º examen o surjan generalistas que puedan trabajar en lo privado.

LA CREACIÓN DEL MÁSTER

Un intento por solucionar esta lamentable situación fue crear, de cara a quienes no son psicólogos clínicos, un Máster de carácter sanitario, dando por supuerto que quienes lo cursaran obtendrían el título de Psicólogo General Sanitario (PGS) que les capacitaría para realizar actividades sanitarias. El resultado fue que a los profesionales que llevaban muchos años ejerciendo se las ha homologado como psicólogos sanitarios tras justificar una formación postgrado de 400 horas en clínica, 100 de ellas prácticas. Al menos así lo dice la Ley 5/2011, de 30 de marzo, de Economía Social, la cual establece que los psicólogos que cumplan unos determinados requisitos formativos pueden obtener la habilitación para el ejercicio de actividades sanitarias.

Posteriormente, la Ley 33/2011, de 5 de octubre, General de Salud Pública, regulará la psicología en el ámbito sanitario. El texto reconoce legalmente al Psicólogo General Sanitario la condición de Profesional Sanitario y establece las competencias profesionales en el área de la salud que se le reservan específicamente; en concreto, según dicha ley, se le capacita para “la realización de investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora del estado general de su salud, siempre que dichas actividades no requieran una atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios”.

Ante estos decretos, uno de los interrogantes que con mayor frecuencia se impone es qué número de competencias podrá asumir finalmente cada profesional.

Uno de los escasos textos que han intentado definir las funciones de unos y otros es el desarrollado por Echeburúa, Karmele, Paz y Soledad (2012)3; una tentativa, en realidad, enfocada más bien a organizar la escisión que la creación de esos dos tipos diferentes de psicólogos que hasta el día de hoy vienen realizando actividades idénticas.

A partir de ahora, ¿el psicólogo general únicamente pasará unos tests circunstanciales y el definitivo lo aplicará el psicólogo clínico? Esta posible y absurda situación llevaría incluso a la derivar a un paciente de un psicólogo a otro, pero no por motivos justificados, como podría ser el que aquél necesitase de un dispositivo asistencial distinto, sino por el mero hecho de asignarle otro psicólogo competente en otras funciones. En la práctica, esto se revela enseguida tan inútil como contraproducente, ya que el cambio de profesional no suele ser una práctica demasiado recomendable en terapia.

Ante la pregunta: ¿cuándo se debe derivar?, el Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, Francisco Santolaya (2012)4, responde que “cuando el caso, por su complejidad o gravedad, desborda las capacidades del profesional generalista, éste no podrá abordarlo dándole la respuesta adecuada, por lo que habrá que derivarlo al especialista”. Es decir, justamente lo que hemos venido haciendo durante los últimos 30 años y denominamos, trabajo en red.

A mi entender, otra de las grandes confusiones creadas al amparo de la nueva normativa se evidencia cuando intentamos determinar las funciones del psicólogo “clínico especialista”, puesto que, en realidad, y aunque resulte paradójico, no es éste en absoluto un “especialista”, pues la formación PIR es objetivamente una formación “generalista” que va rotando sistemáticamente de dispositivo en dispositivo. De modo que, llegado el momento de exponer cuáles son las funciones del Psicólogo General Sanitario y sin pretender rizar más el rizo, nos encontramos con el siguiente problema: el psicólogo especialista (PIR) ha recibido una formación de generalista y el psicólogo que pretende autodenominarse generalista (PGS) se ha formado en un Máster muy especializado y responde mejor a la definición o denominación de especialista. ¿Habrá, por tanto, que calificar de psicólogos sanitarios a los cientos de psicólogos que trabajan en centros altamente especializados de drogodependencias? Parece ser que sí. Y tal incongruencia constituye, sin duda, la mayor fuente de confusión dentro del sector. Pero quizá la peor consecuencia de este problema sea la limitación de funciones que unos y otros profesionales se ven obligados a respetar.

Pese al cúmulo de inconsecuencias expuestas, todavía es posible delinear nítidamente algunas características que conforman el perfil de un psicólogo general sanitario. Su formación, por ejemplo, enlaza perfectamente con lo educativo y lo social, siendo un profesional que realiza tareas de prevención, trabajando para ello con las familias e incluso con los voluntarios, puesto que un psicólogo de asociación siempre ha sido en el fondo un psicólogo comunitario. Pero será el contexto de trabajo lo que terminará definiendo al PGS, ya que su formación será muy diferente si trabaja en Cáritas, con deficientes psíquicos, que si lo hace en el ámbito privado.

Llegado a este punto, y si me lo permiten, quizá mi experiencia personal pueda ilustrar un poco más al lector sobre la cuestión que nos atañe.

Trabajo desde hace varias décadas como responsable de formación en una entidad de tamaño medio, la cual, en la actualidad, mantiene catorce convenios con distintas universidades de España y del extranjero, muchos de los cuales heredé y otros muchos realicé yo mismo. Los psicólogos vienen aquí a realizar sus prácticas, y también, en estos últimos años, han llegado a nuestro centro privado los PIR como dispositivo constitutivo de su circuito de rotaciones. Sin pretender sentar cátedra alguna, he detectado “tres” tipos diferenciados de psicólogos: los recién graduados, los PIR y aquellos otros, por último, que han realizado algún Máster. Los PIR, por ejemplo, conocen mucho mejor la red sanitaria pública, su red de entresijos y dispositivos, pero a la postre necesitan la misma formación que los demás y considero que no son superiores a quienes hayan realizado un Máster en terapia o prevención. La diferencia estriba en los psicólogos recién graduados, los cuales, efectivamente, necesitan más formación. De modo que tanto los psicólogos con Máster como los PIR atesoran una decente formación teórica pero adolecen de falta de experiencia y requieren por tanto de algo tan simple como empezar a trabajar bajo supervisión.

Deseo subrayar que todos y cada uno de los centros privados y del tercer sector realizan supervisiones de los procesos, algunos lo plantean desde los departamentos de formación y allí diseñan los planes de supervisión, muchos de ellos dentro del sistema de calidad 2008:9001 de la ISO u otros exigentes sistemas de calidad. Concluyo por otro lado que tras seis años de formación, cuatro años de Grado y dos Máster, la formación es perfectamente adecuada para trabajar en el sector.

LAS CONSECUENCIAS

En vista de lo dicho hasta ahora, el problema radica no solo en el hecho de diferenciar las funciones de cada psicólogo, sino también, y sobre todo, en mantener tres tipos diferentes de psicólogos. Aplicando estas observaciones a nuestra cuestión, la psicología finalmente se ha dividido hasta conformar una suerte de desigual sistema de castas, hecho extraño donde los haya y que, según la Asociación de Clínicos y Sanitarios (ANPCS), supone romper el principio de igualdad constitucional5. En medicina, es cierto, hay muchas especialidades, pero todas trabajan en igualdad, algo que, tristemente, ya no ocurrirá en el campo de la psicología.

Según el comunicado de abril de 20136, la Asociación Nacional de Psicólogos Sanitarios y Clínicos (ANPSC) (asociación, dicho sea entre paréntesis, más dada a la unión que a la desunión y tendente, por fortuna, a acoger en su seno a todo tipo de psicólogos), esboza otra propuesta interesante: el Psicólogo General Sanitario (PGS) debe ejercer tanto en lo público como en lo privado, encarnando así una especie de médico de familia, lo que supondría, por ejemplo, que en atención primaria, dentro del SNS, pudiera de entrada ser atendido el paciente por un psicólogo general sanitario y después ser derivado a un especialista en psicología clínica. Evidentemente, esta propuesta cuenta con el rechazo de las asociaciones de psicólogos clínicos.

Como es fácil imaginar, las dudas e incertidumbres que crea este nuevo sistema de castas son numerosas. En primer lugar, ¿para qué estudiar un máster de los cientos que se ofrecen si luego no facilita al psicólogo ejercer su profesión? ¿Por qué motivo, entonces, se va a especializar en discapacidad, autismo, intervención en crisis, mediación familiar o en adicciones y prevención si finalmente carecerá de oportunidades para aplicar sus conocimientos de forma apropiada? Es digno de particular atención que este cambio pueda suponer el fin de los numerosos másteres que se ofrecen en España. Paradójicamente, algunos de los aspectos más genuinos y enriquecedores de la psicología, como son su diversidad y sus diferentes modelos terapéuticos, pueden tocar a su fin en claro beneficio del modelo hegemónico bio-médico hospitalario.

Otra consecuencia aciaga que merece nuestra consideración es el desgaste de la reputación del Colegio Oficial de Psicólogos (COP), puesto que ha sido firme impulsor de una única especialización que ha fagocitado al resto y anima, para más inri, a la instauración de un único Máster %u2015un puente de plata hacia el conocimiento único%u2015, a pesar de que en el artículo 18 del actual Código Deontológico de los Psicólogos españoles7 se hable de “la legítima diversidad de teorías, escuelas y métodos de enseñanza”.

Existe, además, otra consecuencia que es necesario subrayar: la persecución. ¿Es suficiente para acreditar como especialista en drogodependencias a un PIR que pasa un mes de su rotación por un centro de drogodependencias privado, por ejemplo la Cruz Roja o Proyecto Hombre? Pongo este ejemplo adrede y como advertencia, puesto que recientemente una representación de los AMPIR ha denunciado a la Cruz Roja a las altas esferas de Sanidad en Castilla y León por no contar con psicólogos clínicos, sin importar el hecho de que la Cruz Roja lleve varias décadas formando a PIRes de forma gratuita. De este modo, la persecución entre colegas acaba añadiendo tintes kafkianos al problema.

No obstante la significación e importancia de todo lo anterior, me atrevo a creer que la consecuencia más determinante es que este empuje de unos pocos está condicionando el futuro de muchos, y por ende construyendo una realidad sobremenera diferente de la acostumbrada. Una nueva forma de ver y entender la psicología y el trabajo en red que esta identificando de pleno a la psicología con el modelo bio-médico hospitalario.

Las características y los requisitos técnicos, temporales y profesionales de la formación de los psicólogos clínicos y sanitarios deberían decidirlos y establecerlos, como así ha sucedido y sigue sucediendo en la mayoría de los países occidentales de nuestro entorno, los propios representantes de la psicología, atendiendo a sus propias características y sin imposiciones llevadas a cabo desde otras disciplinas aparentemente similares (Carrobles 2012)8.

RECOMENDACIONES

• A los psicólogos que ya fueron homologados hasta el 2014 como psicólogos sanitarios se les debería homologar indefinidamente, puesto que es justo y necesario que se ofrezca seguridad de una vez por todas a un colectivo que ha afrontado durante décadas un estado generalizado de inseguridad e incertidumbre.
• Los másteres de comprobada eficacia y calidad relacionados con lo sanitario en España deben poder ser homologados como Másteres Sanitarios, lo cual supondrá el que los Psicólogos Generales Sanitarios (PGS) se formen en diferentes modelos, ya sea en adicciones y prevención, en terapia familiar, en sexualidad, etc. Se debe realizar por tanto y sin restricciones una ordenación más equitativa de la Psicología. Asimismo, hay que intentar ver esta situación como una oportunidad para que el nuevo PGS logre a la postre atesorar lo mejor de la psicología.
• Hemos de ser respetuosos con la pluralidad. En este punto, sostengo con vehemencia que no se trata de imponer a todos un mismo Máster Sanitario. La gran riqueza de la psicología siempre ha sido su polivalencia y su enlace con lo educativo, con lo social, y esto es precisamente lo que debe mantener el Psicólogo General Sanitario, lo que contribuirá sin duda al bienestar del paciente.

EN CONCLUSIÓN

“El Psicólogo General Sanitario es el profesional que trabaja la terapia y paralelamente desarrolla la inserción socio-laboral, e incluso instaura la participación democrática del paciente. El PGS debe partir de modelos basados en la adquisición de competencias personales y sociales, dando relevancia a las relaciones, a los tratamientos integrales y no parcializados, al apoyo grupal y familiar y a los grupos de apoyo mutuo y de compromiso en cooperación con toda la comunidad, así como a la colaboración de los voluntarios en los dispositivos asistenciales”, Pérez (2013)9.

Voy a intentar explicarme. Un centro de menores requiere de un psicólogo con formación en intervenciones educativas, es cierto, pero también en mediación familiar; un psicólogo de la asociación contra el cáncer precisa poseer conocimientos terapéuticos, no cabe duda, pero también en prevención. Un centro de drogodependencias necesita a un psicólogo que haya cursado un Máster de adicciones, prevención o psicoterapia. Lo que necesitan las entidades asistenciales hoy día, precisamente, son psicólogos sanitarios con diferentes formaciones, es decir que hayan estudiado distintos másteres, ya sea de sexualidad, terapia de grupos, etc… Según Carrobles (2012)10, “hay que ir más allá del estrecho marco aplicado que constituyen los trastornos mentales y los servicios de salud mental”.

Lo que posiblemente ha pasado desapercibido en este debate sea que la gran riqueza de los centros siempre ha sido la variedad en lo formativo; de hecho, durante décadas se ha promovido la formación en metamodelos que dieran cobijo a las diferentes formaciones. En definitiva, es de gran valor que en un mismo centro cada profesional se pueda especializar en diferentes aspectos, y esta es la línea congruente que debe seguir la Psicología General Sanitaria.

Podemos admitir entonces y en buena lógica, que por el bien de los pacientes es mejor la variedad y la multiprofesionalidad, de ahí que los centros concertados deban gozar de absoluta libertad a la hora de contratar a todo tipo de profesionales. Bajo esta premisa, las opciones del Psicólogo General Sanitario serán mucho más variadas, pues se trata de inculcar la filosofía de la inclusión y no de la exclusión, sin olvidar algo que cada día cobra mayor importancia: que el nuevo Psicólogo Sanitario que ha estudiado un grado y se ha especializado con el Máster en un área determinada, es un psicólogo perfectamente homologable con el resto de Europa, lo que facilita el sano intercambio de profesionales con nuestros países vecinos.

En resumen, estoy de acuerdo con la ley cuando dice que el psicólogo general sanitario podrá “seguir realizando investigaciones, evaluaciones o intervenciones psicológicas sobre cualquier aspecto del comportamiento relacionado con la salud”. Pero deseo subrayar una vez más la importancia del contexto de trabajo, que es donde posiblemente se evidencien más las diferencias. Es decir, no se trata de limitar funciones y competencias sino de facilitar la integración del sanitario en los diferentes contextos. Sin lugar a dudas, el nuevo Psicólogo General Sanitario debe poder realizar con normalidad todo tipo de actividades sanitarias en lo privado, en el tercer sector, en los centros concertados y, tras aprobar la oposición de rigor, en lo público.

Para concluir, me queda solo afirmar que a una entidad privada no se la debe poner más trabas de las que ya enfrenta. Se trata de dar facilidades a todo un sector, para lo cual debemos considerar que en la actual crisis económica, según la Encuesta de Población Activa (EPA) (2013)11, los desempleados superan los seis millones y la tasa de paro juvenil es altísima, llegando a un 57,7%.

Se trata, en suma, de facilitar el movimiento, no poner más palos en las ruedas.