El tema de las adicciones se instaló en la agenda pública. Cuestión compleja, pero resumida en un planteo fragmentario y desequilibrado: cada diez veces que enfoca la lucha contra el narcotráfico, tres lo hace en la prevención del delito, dos en la asistencia y una en la prevención del consumo de drogas (legales e ilegales). Los servicios que presta, son acordes a esta perspectiva básicamente atravesada por la urgencia.

En este lamentable escenario, se destacan algunas iniciativas para prevenir accidentes de tránsito.

Una marca de cerveza centra su estrategia de venta invitando a consumirla en grupo pero eligiendo a uno de sus integrantes para que no lo haga, a fin de que esté en condiciones de conducir un vehículo sin riesgos. Asume que el consumo de alcohol distorsiona las capacidades para desenvolverse normalmente, pero no indica a partir de cuántos vasos de cerveza se producen estos efectos. Su objetivo es vender, no la salud de las personas: mientras alguien maneje, los otros pueden consumir hasta donde cuerpo y billetera lo permitan.

Algunas campañas publicitarias gubernamentales, tienen coincidencias con la comercial: invitan a no manejar si se consume alcohol. También reconocen el efecto negativo de esta droga, pero no fomentan una actitud reflexiva frente al consumo, solo ordenan no conducir en estas condiciones. Tampoco lo hacen al legislar sobre el horario de cierre de lugares de esparcimiento nocturno. La discusión es sobre la cantidad de tiempo necesario para que pase el efecto alienante del consumo.

La asociación entre consumo de marihuana y accidentes también es motivo de preocupación. Un funcionario uruguayo consultado durante un evento en la UNC, refiriéndose a que el consumo de esta droga no podía ser calificado como saludable, así lo expresó: “después de consumir marihuana no es conveniente conducir un vehículo, menos aún si se trata de manejar una máquina en el ámbito laboral, pues sería de alto riesgo”. Uruguay decidió legalizar esta droga, pero no para su venta libre, pues admite la necesidad de controles que ayuden a evitar la proliferación de los daños que su consumo genera, accidentes viales incluidos. El mismo Estado venderá la marihuana y contará con un organismo que aplique un complejo sistema de controles para identificar y sancionar a quienes no respeten la obligatoriedad de inscribirse en un registro público de consumidores, la cantidad de plantas para cultivo, la cantidad de gramos establecidos para vender en farmacias, la cantidad de miembros de cada club de consumidores, entre otras normas. Probablemente también comience a aplicar controles de alcoholemia y cannabisemia conjuntamente, para que los conductores eviten situaciones de riesgo mientras estén bajo el efecto del alcohol y/o la marihuana. Se espera que los investigadores centren su atención en la distribución del presupuesto que esta política pública experimental realice entre los rubros prevención, asistencia, producción, venta y control, y su impacto en la salud pública y los problemas de seguridad asociados al fenómeno adictivo en su conjunto. Solo con rigor científico se podrán realizar los ajustes que el ejercicio del derecho humano a la salud exige.

Desde una perspectiva técnica, se advierten similitudes entre las estrategias preventivas propuestas por empresarios y políticos. Ambas enfocan el riesgo del consumo alcohol y marihuana asociado solamente a la conducción de vehículos y lo resuelven promoviendo diversos mecanismos de control externo, donde haya alguien que ayude. Puede tratarse de un/a amigo/a capaz de evitar estos consumos y que haga lo que esta persona “alcoholizada” y/o “fumada” no está en condiciones de realizar. Otra opción es contar con alguien pagado por el Estado para que cumpla una función reguladora y evite que esa persona realice una práctica de riesgo para si misma y para los demás (detectar la situación, penalizarla, exigir que espere hasta que se le pase el efecto).

Para controlar el narcotráfico también se reclaman más y mejores sistemas de control externo: policías, jueces, cárceles, etc. Este fenómeno tan complejo, bien podría denominarse “mercado de narcóticos” inclusivo de todo tipo de sustancias adictivas en venta, y que al igual que otros mercados, necesita el dinero de quienes elijen comprarlas. En consecuencia, si toda la atención se ubica en la regulación de esta oferta, y luego en el control o asistencia de las personas que se encuentran bajo los efectos de los productos ofertados, vendidos legal o ilegalmente y consumidos, pero no se trabaja sistemáticamente para que la sociedad en su conjunto (no solo los jóvenes) pueda desarrollar sentido crítico y reducir la demanda de estas sustancias, nada cambiará.

Este circuito comercial incluye la creación de modas que favorecen el consumo, apoyadas en figuras formadoras de opinión tales como comunicadores sociales y músicos. Lamentablemente, es muy frecuente escuchar letras de canciones que hablen de drogas tales como el alcohol, la marihuana y la cocaína de modo banal o apologético. Frente a esto, si los formadores de opinión no colaboran, el trabajo preventivo de los educadores es cada vez más arduo. Exige problematizar y superar, casi sin apoyo gubernamental, los mitos que se van instalando por esta vía.

Que los políticos no contribuyan a colocar en la agenda pública la prevención del consumo y la educación para la salud es grave y como mínimo, denota falta de conocimiento. Donde hay prevención, hay esperanza. Es preciso cambiar de estrategia y avanzar, sin guerras ni prohibicionismos, con programas preventivos innovadores sostenidos en el tiempo. Estos deben hacer accesibles a todos los ciudadanos herramientas que les permitan realizar elecciones con algo más que una sensación de libertad propia de quienes no advierten la intangible jaula consumista donde se encuentran encerrados.

No hacerlo es ser funcional a la ruptura del cimiento que necesita una sociedad para desarrollarse con equidad, paz y solidaridad.

– Publicado en http://www.lavoz.com.ar/opinion/donde-conducen-las-politicas-publicas (14/12/2013)