Pocas veces como ahora se impuso la idea de que las políticas de drogas deben replantearse, abandonar el enfoque prohibicionista y dejar lugar a estrategias pragmáticas, así como direccionarse hacia la descriminalización. Surgen también voces que piden la liberación del consumo de todas o algunas sustancias y que hasta las presentan como saludables.

Para algunos especialistas, la discusión está viciada de confusión, se mezclan dimensiones que no están relacionadas y se generan falsas antinomias funcionales a grupos económicos que promueven el uso de sustancias psicoactivas y a un sistema que propicia el consumismo.

En este escenario, parece necesario debatir sobre cómo guiar el análisis, porque las evidencias científicas –en las que deberían fundarse las políticas públicas– parecen desplazadas por apreciaciones subjetivas.

Se habla de un fracaso del enfoque centrado en la política de seguridad, promovido –aunque no exclusivamente– por países poderosos como Estados Unidos, porque su aplicación es asociada al sufrimiento de poblaciones que son escenario de una escalada de violencia. Además, los profesionales de la salud afirman que hay prácticas persecutorias que, sumadas a la estigmatización, interfieren en procesos de contención y atención de consumidores.

“Los equipos que abordaban el tema desde una perspectiva sanitaria ya sabían que no era bueno mezclar su acción, enfocada en la demanda, con la lucha contra el narcotráfico, que se ocupa de la oferta”, advierte Darío Gigena Parker, secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia. “Por ende –interpreta– el quiebre del paradigma se da en cuanto a que la mayoría de los gobiernos están separando las áreas: por un lado, la lucha contra el narcotráfico, que depende de seguridad, y, por otro lado, la prevención y la asistencia a las adicciones, que son abordados en otras órbitas y por distintas especializaciones”.

Algunos expertos afirman que el enfoque militarista y el abordaje sanitario pueden coexistir, pero que esa convivencia debe regirse por, entre otros, un criterio cuantitativo. “Un principio que se recomienda es el de proporcionalidad: que la misma cantidad de dinero y esfuerzo que un gobierno invierte para represión vinculada con las drogas, tiene que invertirla en reducción de la demanda, o sea, en las políticas de salud pública”, señala Juan Carlos Mansilla, coordinador del Consejo Federal de Drogas (Cofedro) y del Programa Nacional Municipios en Acción, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar). “Estamos lejos de eso”, reconoce.

Ante los pobres resultados de la acción denominada “lucha contra las drogas”, diversos grupos piden volver a enfocarse en las personas, desde una perspectiva de derechos humanos. Esa es una de las ideas que inspiró a los divulgadores científicos de la publicación digital El gato y la caja a editar el trabajo denominado Un libro sobre drogas, con el cual buscan “desandar prejuicios, desnaturalizar opiniones y reconsiderar posturas”.

Pese a que el modelo prohibicionista se impuso durante muchos años y hoy se replantea en múltiples países, las políticas de los Estados en relación con las drogas son heterogéneas y no se reducen al esquema binario de prohibición-liberación. “Se desprende de esta visión simplificada del objeto droga, sea legal o ilegal, porque en realidad no tiene nada que ver la condición de legalidad, la pregunta de cómo hacemos para reducir la oferta. Pero no hay posibilidad de reducir la oferta de manera eficiente si no se reduce la demanda”, considera Gabriela Richard, titular de la Fundación ProSalud y directora del posgrado Prevención y Tratamiento de las Adicciones en la Adolescencia. “Y la gente no consume porque tiene un deseo innato, sino porque está programada por una sociedad que se mueve a partir del consumo de todo tipo de objetos y bienes y servicios”, destaca.

Lo más cercano a una polarización podría verse en ejemplos como el de Filipinas, cuya avanzada militarista contra el narcotráfico se volvió tan dura que se tradujo en miles de muertes. En las antípodas está Portugal, que hace 17 años despenalizó el consumo de todas las drogas. Experiencias como la de ese país hicieron que la Asamblea General de Naciones Unidas pasara de proclamar “un mundo libre de drogas” a pedir por “un mundo libre de abuso de drogas”, al tiempo que su Comité Científico resaltó la importancia de las políticas de reducción de daños.

Reducción de daños

Por mucho tiempo, el concepto de reducción de daños se asoció a la prevención de infecciones, principalmente de VIH y de hepatitis. De hecho, a fines de agosto, disertó en el país Mark Hull, miembro del programa de investigación sobre VIH de la Universidad British Columbia, y narró la experiencia de Vancouver, que proveyó a usuarios de drogas inyectables de insumos como jeringas y propició el uso de sustitutos de la heroína.

Consultado sobre si este tipo de intervenciones puede aplicarse en Córdoba, Gustavo Martínez, infectólogo del hospital Rawson, señaló que hay diferencias sociales y culturales que no la hacen replicable localmente.

“En Vancouver, es posible trabajar con comunidades con comportamientos permanentes de exposición a riesgos, como los usuarios de drogas inyectables, porque están concentradas y son socialmente cerradas”, describió.

Sin embargo, las estrategias de reducción de riesgos y daños son más abarcativas. Por caso, una acción simple es la instalación de  las denominadas “salas frías” en las fiestas electrónicas, donde los asistentes puedan descansar.

Para los especialistas, que se introduzcan cambios en la discusión sobre el tema drogas –y que se promueva desde diferentes ámbitos– no implicaría que los nuevos mensajes que se impongan sean homogéneos para todos los sectores de la población. Para Gigena Parker, por caso, no es lo mismo hacer énfasis en la reducción de daños en personas que no usan drogas, pero podrían experimentar con ellas –porque alentaría el consumo–, que en personas que las consumen y no dejan de hacerlo, a las cuales es importante brindarles asistencia.

Los mensajes dirigidos a los adolescentes también deben ser diferentes por varios factores: por un lado, porque hay factores biológicos que contribuyen a un comportamiento más impulsivo, que busca la gratificación inmediata; además, porque el consumo de drogas se asocia a ritos de socialización, a los cuales son sensibles, y porque sustancias como la marihuana afectan procesos cognitivos, vinculados con el aprendizaje.

“El diseño de políticas públicas efectivas para los adolescentes demanda la integración de los aportes básicos y aplicados de las ciencias biológicas, de la salud y de las ciencias sociales”, opina  Juan Carlos Godoy, doctor en Psicología, investigador del Conicet y profesor en la UNC, uno de los autores de Un libro sobre drogas. “Científicos, políticos y la sociedad toda debemos participar  en la construcción de políticas, generando consensos a partir de la mejor evidencia científica disponible. Es la población que asegura el futuro, no podemos improvisar ni ofrecer soluciones mágicas”.