El Gobierno andaluz ha anunciado ya su segunda querella contra las principales industrias tabaqueras, una vez que el Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid haya admitido a trámite la demanda presentada por la Junta de Andalucía a finales del pasado año, tal y como confirmó ayer el consejero de Salud, Francisco Vallejo.

Según anunció en su momento la Junta, la demanda admitida a trámite no es sino la primera de una serie que «por razones de estrategias jurídicas» no se han presentado en un acto único, sino que irán siendo trasladadas a los juzgados a medida que se vaya conociendo las actuaciones de los jueces y la reacción de las propias empresas demandadas. Por eso, la Consejería anuncia nuevas acciones para después del verano.

La decisión del juzgado supone el primer visto bueno a un conflicto, el de la Administración autónomica con las empresas, que convierte a la Junta en pionera en este tipo de iniciativas en Europa.

La respuesta del juzgado supone, por un lado, no sólo admitir el conjunto de los informes periciales presentados por la Consejería de Salud sino, sobre todo, la apertura de una investigación destinada a aclarar si, como plantea la Junta, los fabricantes de tabaco utilizan elementos no declarados para aumentar los efectos adictivos de la nicotina, tales como el amoniaco.

En esta afirmación basa la Junta su demanda que persigue que la industria asuma el coste en la sanidad pública del tratamiento de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, al menos de aquéllas cuya relación con el consumo de tabaco haya sido demostrada científicamente.

Ocultación

El hecho de que se utilicen sustancias no declaradas podría servir como argumento legal a la parte demandante para salvar uno de los principales obstáculos con que se encuentran en los tribunales este tipo de querellas, y que es el que presupone que el consumidor del tabaco no sólo es conocedor de los riesgos del tabaquismo sino que asume esos riesgos de forma voluntaria.

En su primera demanda, la Junta reclama a las empresas 1,7 millones de euros, el coste que, según los cálculos de la Consejería de Salud, supone la asistencia de los 135 pacientes tratados el año pasado y cuya dolencia está relacionada directamente con el consumo del tabaco. La cifra que se reclamará en total será de 300 millones de euros, según anunció en su día Francisco Vallejo.

La guerra declarada por la Junta de Andalucía contra la industria del tabaco se ha convertido en uno de los grandes proyectos de la presente legislatura para el Gobierno de Manuel Chaves.

Inicialmente, el Ejecutivo andaluz propuso a la Asociación Empresarial del Tabaco (AET) la apertura de una negociación. Sin embargo, ésta rechazó la invitación de la Junta ya que consideró «injustificada y sin fundamento cualquier solicitud de compensación económica por parte de la Junta de Andalucía». Igualmente, consideró que con iniciativas como la del Gobierno andaluz «lo que se plantea es un debate sobre la financiación de los sistemas sanitarios, en el que las empresas tabaqueras, entidades privadas que realizan una actividad comercial lícita, no deben entrar».

En los próximos días, British American Tobacco, Cita Tabacos de Canarias, Altadis, Tobacco Canary Islands, Philip Morris Spain y JT Internacional recibirán el requerimiento del juzgado.

Aunque nunca se han cuestionado los fines, el Gobierno central nunca ha visto bien la iniciativa de la Junta, que cree una simple «operación de imagen», como la definió el delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres.