El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), Adrian Geelhoed, dio ayer sus bendiciones a la nueva Directiva europea que establece normas más estrictas sobre la composición y etiquetado de productos de tabaco. La opinión del abogado general, que no es vinculante, ha quedado plasmada en un informe hecho público a tenor de una denuncia contra la polémica Directiva presentada ante los tribunales británicos por las tabaqueras British Amarican Tobacco e Imperial Tobacco.
La tradición jurídica dice que la Alta Corte de Luxemburgo seguirá las orientaciones de su abogado general. Los jueces británicos pidieron su opinión al Tribunal de la UE antes de emitir su sentencia sobre la legalidad de la nueva Directiva del tabaco.
En particular, el tribunal de Londres quería que los jueces europeos aclarasen si al amparo de las normas europeas sobre Mercado Interior se puede aprobar una normativa sobre salud pública o relacionada con la exportación a terceros países.
En el documento distribuido ayer, Geelhoed considera que «si el legislador comunitario no pudiese utilizar su competencia para armonizar normas en el ámbito de la salud pública dejaría de existir un instrumento esencial para la realización del mercado interior».
«El legislador comunitario es competente en virtud de la armonización del mercado interior para dictar normas relativas a la producción de cigarrillos, aún cuando dicha producción está dirigida a la exportación», aclara el abogado general.
La nueva Directiva reduce los contenidos máximos de alquitrán y fija por
primera vez topes de nicotina y monóxido de carbono. En lo referente al etiquetado, la norma establece que las advertencias que se imprimen en los paquetes sean más severas y ocupen una superficie mayor. En la nueva normativa también se prohíbe el uso de denominaciones como «light» o «mild», ya que a juicio de los legisladores crean la sensación de que esos cigarrillos son menos perjudiciales para la salud, cuando no es así.
Los Estados miembros tienen hasta final de mes para trasponer la Directiva a sus legislaciones nacionales, aunque en el caso de la prohibición de los términos «light» y «mild» el plazo de trasposición se prorroga un año.
