EUROPA PRESS – La consellera de Salud y Consumo, Aina Castillo, justificó hoy, en el Parlament, la exclusión del alcohol del proyecto de Ley de Drogodependencias, por la falta del consenso necesario con los agentes implicados en cuestiones como la promoción de las bebidas alcohólicas o la prohibición del botellón, y «para no retrasar más» la aprobación de la Ley autonómica de Drogas, según manifestó durante su intervención en el debate a las enmiendas a la totalidad a la citada Ley.

«Es importante aplicar la Ley desde el consenso, y no desde la imposición» afirmó Castillo, que enumeró cuatro puntos todavía no consensuados que hacen referencia a la regulación del alcohol respecto los menores, la práctica del botellón, la problemática de los accidentes de tráfico y la promoción a través del Consejo Regulador que, dijo, deberán acordarse con agentes económicos, y también con otras Administraciones. «No podemos prohibir la promoción y caer en una incoherencia con las labores de promoción exterior del vino que realizan otras Consellerías», explicó.

La consellera admitió que el alcohol es una droga, pero «con particularidades especiales que exigen un nivel de consenso especial» y defendió su regulación con una ley específica «por criterios científicos y de oportunidad política». Castilló afirmó, por ejemplo, que es necesario concretar a partir de qué graduación debe considerarse que el alcohol es una droga, y señaló que «no está claro» si debe diferenciarse entre bebidas alcohólicas procedentes de fermentación o de destilación.

La exclusión del alcohol de la normativa centró el contenido de las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición, rechazadas con 32 votos en contra y 20 a favor. El portavoz del Grupo Parlamentario de EU-EV, Miquel Rosselló, señaló «no entender» por qué el proyecto de Ley de Drogas no vincula el consumo de alcohol con el resto de drogas cuando, añadió, según un estudio del Projecte Home, el consumo de drogas legales puede ser la puerta al consumo de otras drogas.

Rosselló criticó también que Baleares sea la única Comunidad Autonóma, excepto Castilla-La Mancha, que no incluya el alcohol en su Ley de Drogodependecias, situación que atribuyó a la «presión» de determinados grupos económicos y no por criterios científicos.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Gascón, pidió la retirada del proyecto por la ausencia a cualquier referencia al alcohol que, en su opinión, se justifica porque el Govern «no quiere perjudicar» a los productores. Esta exclusión, dijo, es contraria al Plan Nacional sobre Drogas, «que prevé una estrategia homogénea» para todas las drogas. Gascón destacó también que el alcohol provoca en España 12.000 muertes al año, y que el 40 por ciento de los ingresos en Son Dureta durante el 2003 fueron provocados por el consumo de bebidas alcohólicas.

Por otra parte, Gascón criticó la falta de referencia directa a actuaciones de otras Consellerías afectadas transversalmente por cuestiones relacionadas con la drogodependecia, como la familia o el trabajo. Asimismo, lamentó que el texto de la norma no haga ninguna referencia a la financiación de las actuaciones.

La diputada del Grupo Parlamentario del PSM, Joana Lluisa Mascaró, manifestó que la exclusión del alcohol «va en contra del espíritu de la Ley» y expresó su «decepción» por un proyecto de Ley «de mínimos» que, en su opinión, «no contempla soluciones integrales ni contundentes para abordar la problemática de las drogas». «La Consellería no ha hecho más que coger el proyecto elaborado por el Pacte de Progrés, del que ha recortado los puntos básicos y lo ha convertido en una simple declaración de intenciones», declaró.

Mascaró criticó que la norma no considere la drogodependencia como «una enfermedad más», porque sólo reconoce los derechos de los drogodependientes «como usuarios de servicios, pero no como enfermos». También lamentó que el proyecto de Ley no prevea la evaluación de los programas que se apliquen, y que no haga referencia explícita a la financiación.

El diputado del Grupo Popular, Miquel Munar, defendió el tratamiento específico del alcohol porque «es una droga cultural», se mostró contrario a imitar la regulación impulsada por el resto del Comunidades Autónomas, y alabó el «talante de consenso» del Govern en la regulación de esta materia.

Tabaco

Por otra parte, la consellera destacó la necesidad aprobar la Ley de Drogas para aplicar medidas «urgentes y contundentes» contra el consumo del tabaco y otras drogas como el cannabis, la heroína o la cocaína. En este sentido destacó que un 14 por ciento de las muertes en Baleares están provocadas por enfermedades derivadas del consumo del tabaco, para las que se dedica el 15 por ciento del gasto sanitario de la Comunidad. Asimismo señaló que el consumo de tabaco puede reducir la esperanza de vida entre 10 y 20 años y advirtió, citando un informe del Projecte Home, que la edad de inicio se ha reducido de los 19 a los 18 años.

Castillo subrayó que, respecto del consumo de tabaco, el proyecto de Ley de Drogas va más allá de las previsiones del Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, prohíbe fumar en locales donde se consumen alimentos y en centros de trabajo, excepto en los espacios reservados, y establece el principio de favor a los no fumadores. La consellera destacó que todos estos aspectos han sido consensuados con las patronales Caeb y Pimem para asegurar su aplicación.