Andalucía tiene entre 3.000 y 5.000 personas en tratamiento de desintoxicación de estupefacientes con patología dual, es decir, que presentan además del problema de la adicción, trastornos mentales, según informó el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, durante su visita ayer tarde a la comunidad terapéutica Hacienda de Toros de la Fundación Marbella Solidaria –institución dependiente del Ayuntamiento de esta localidad malagueña–.

Chamizo, que reconoció y alabó la gran labor que el equipo profesionales de Fundación Marbella Solidaria realiza en Hacienda de Toros, recordó el tema de las drogas «no es un problema social, sino un problema estructural de la sociedad».

En este sentido, explicó que la adicción a estupefacientes afecta a toda la sociedad en general y a todos los ámbitos, desde el penitenciario, jurisdiccional, hasta el político.

Además, apuntó que el sistema penitenciario «debe cambiar», ya que consideró que «no es solución que un toxicómano ingrese en prisión». Por ello, abogó por «buscar alternativas» y apostilló que «no parece justo» que personas que están en rehabilitación ingresen en prisión.

El Defensor del Pueblo explicó que con el consumo de la cocaína, el problema con las drogas «no sólo afecta a la clase baja y marginal, también a la clase media».

Respecto al hecho de que la edad de consumidores de drogas ha bajado, Chamizo cree que ha bajado la edad de inicio al consumo, «a causa del alcohol». En su opinión, el consumo de alcohol es un «impulsor, abre las puertas al consumo de otras sustancias».

En este punto, Chamizó también criticó la actual vida laboral que se desarrolla en la sociedad española y que motiva que los padres no presten la atención necesaria a su hijos. «La vida laboral no está estructurada, organizada para la vida familiar, los padres se pasan ambos todo el día trabajando y no dedican tiempo a sus hijos», resaltó Chamizo, al tiempo que reiteró su «preocupación» en este asunto y la necesidad de mejorar y agudizar más las campañas de prevención.