La Dirección General de Drogodependencias del Gobierno de Canarias, adscrita a la Consejería de Sanidad, lleva meses tratando de concretar algunos aspectos referidos a la gestión de los centros que se dedican a atender a personas con problemas de drogodependencias, particularmente los centros que reciben subvenciones de la Comunidad Autónoma.
Así, una de las primeras medidas, la de conocer con exactitud el número de personas que reciben tratamiento o están adscritas a algún tipo de programa, ha arrojado un dato preocupante: los censos estaban inflados, posiblemente para que las subvenciones a esos centros no se vieran mermadas. Las ayudas públicas permanecían estables desde hacía años, sin concreción de los programas ni del número de personas atentidas, pero en este ejercicio han empezado a ser revisadas.
De los aproximadamente 15.000 toxicómanos que tenía censados la Dirección General de Drogodependencias como receptores de tratamiento, la revisión de los datos ha arrojado un descenso de 7.000. Ha bastado con exigir a las asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que gestionan estos centros que enviaran relación completa, con constancia del número de documento de identidad, de cada una de esas personas.
Algunas se negaron, como ha sabido este periódico, especialmente las direcciones de los centros de mayor tamaño, y particularmente los ubicados en Tenerife. Alegaron la confidencialidad de los datos, pero el Gobierno tuvo que insistir y asegurarles que la confidencialidad está garantizada por la Administración. Una asociación llegó a perder casi 2.000 personas que había declarado tener en tratamiento, y otra alegó para justificar el descenso en su censo la existencia de centenares de extranjeros desprovistos de DNI.
Los primeros efectos de los descubrimientos hechos por la Dirección General de Drogodependencias, de la que es máximo responsable Francisco Candil, han sido los recortes en las subvenciones a algunas asociaciones gestoras de centros de atención a toxicómanos. Así, el centro de San Miguel, en Tenerife, ha visto mermados sus ingresos desde el Gobierno en unos 180.000 euros, lo que ha provocado críticas desde algunos sectores de la sociedad tinerfeña. San Miguel asegura tener en tratamiento 1.900 personas, por lo que hasta ahora percibía del Gobierno 1.800.000 euros al año. El recorte, por tanto, ha sido del 10%. El centro permenece abierto.
También en Tenerife se ha visto obligado a cerrar el centro de Añaza, más por falta de personas a las que atender que por problemas económicos.
Hace algún tiempo ya cerró en Las Palmas de Gran Canaria el centro de la Asociación Ghandi, víctima de un enorme déficit que la Administración autonómica se negó a asumir pese a que fue amenazada con «sacar a los drogodependientes a la calle».
El Gobierno se ha propuesto revisar el funcionamiento de muchas de estas organizaciones tras detectar que algunas han abandonado desde hace tiempo sus principios asistenciales y de voluntariado para convertirse en auténticas empresas de servicio.
Todos los centros de tratamiento para personas con problemas de drogodependencia se nutren al cien por cien de ayudas públicas, a excepción de tres: Proyecto Hombre, Yrichen y Proyecto Esperanza (Cáritas) que utilizan otros mecanismos, como el patrocinio privado (empresas y particulares), para alcanzar su completa financiación.
