Reconocer la adicción al consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas como un asunto de salud pública, bienestar y seguridad de la familia, que debe ser tratada como una enfermedad de alto costo y que requiere atención integral por parte del Estado, consagra la iniciativa del senador Juan Manuel Galán (Partido Liberal), aprobada por la Comisión Séptima.

La coordinadora de ponentes, senadora Gilma Jiménez, hizo una extensa radiografía de la problemática que vive el país en materia de consumo tanto de sustancias lícitas como ilícitas. “La adicción es una enfermedad progresiva, crónica, y mortal. A estas personas se les debe proporcionar asistencia y tratamiento. Debemos pensar en las familias que están afectadas por alguna forma de adicción y sus consecuencias”, aseveró.

Este proyecto, que también contó con ponencia de las senadoras Dilian Francisca Toro (Partido de la U) y Teresita García (PIN), que toda persona que sufra trastornos de adicción u otra consecuencia derivada del consumo de sustancias lícitas e ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en forma integral por las entidades que conforman el Sistema Integral en Salud, públicas o privadas, especializadas en el tratamiento de dicha enfermedad.

Así mismo, se aprobó que las personas que sufran de adicción a las sustancias psicoactivas, serán atendidas a través de los Centros de Atención en Drogadicción (CAD) o de servicios de farmacodependencia debidamente habilitados, instituciones prestadoras de salud de primero y segundo nivel, los servicios amigables para los adolescentes, como componente de una política pública nacional de prevención y atención a la adicción.

Los CAD y las instituciones que presten el servicio y que incumplan se harán acreedores a sanciones y medidas establecidas por el Ministerio de Protección Social, entidad que además reglamentará acciones para prevenir el consumo de las sustancias.

El médico Fernando Cadavid, fundador de las «Soluciones Terapéuticas Avanzadas» afirmó que existe un profundo déficit de profesionales y docentes en el abordaje, prevención, tratamiento e investigación del consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas. Los pocos capacitados han sido entrenados sobre la marcha en centros de formación especializada en el extranjero.

Dijo que “el POS debe asumir el costo, porque la adicción es una enfermedad cuyas consecuencias se hacen sentir y con frecuencia son previsibles. Es un problema de salud pública y un flagelo que no es posible desconocer. Tenemos que trabajar en prevención primaria y segundaria”.

Finalmente, la congresista Gilma Jiménez dijo que “existen varias razones para que las personas consuman drogas lícitas e ilícitas, por ejemplo, la necesidad de ponerse a tono con las circunstancias; la falta de sentido y significado de la vida; el maltrato, la agresión, y la violencia intrafamiliar. Desde el nacimiento hasta la muerte, se consume licor. Debemos educar a nuestros niños y jóvenes para que se alejen de su consumo”.

En primer debate fue acogida la propuesta de la senadora Gloria Inés Ramírez de incluir un artículo en el que el Ministerio de Protección Social creará una institución especializada en hacer seguimiento a la política de reducción de consumo de sustancias psicoactivas.