El convenio fue firmado en mayo de 2003 por 167 países, entre ellos EE.UU. China y Rusia que no lo han ratificado, aunque la OMS confía en que lo hagan.
Ni están todos los que son ni son todos los que están. Y es que sólo 57 paises, de un total de 167 naciones firmantes, han ratificado hasta el momento el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. El tratado, que entra hoy en vigor, es el primero de alcance internacional para frenar el tabaquismo, la segunda causa de muerte en el mundo, y supone un paso de gigante, ya que tiene rango de ley. Los países que lo han ratificado deben ahora, como acaba de hacer España, incorporar a su legislación las medidas previstas. El director de la OMS, Lee Jong Wook, animó a todos los países que aún no lo han hecho a sumarse a la iniciativa para adoptar «las diversas medidas que posibilitarán que el consumo de tabaco sea cada vez menos atractivo para la población».
Las disposiciones del convenio para tratar de reducir las muertes y las enfermedades relacionadas con el tabaco ponen cortapisas a la publicidad, el patrocinio y su promoción: las tres cosas estarán, a partir de ahora, prohibidas totalmente.
Los países cuya constitución no permita esta prohibición integral, deberán aplicar una serie de restricciones.
Las medidas relacionadas con el envasado y el etiquetado obligan a incluir en las cajetillas «mensajes sanitarios grandes, claros, visibles, legibles y rotativos que ocupen al menos el 30 por ciento de la superficie externa principal», medida cuyo cumplimiento se exigirá en el plazo de tres años a partir de hoy, indica la OMS.
Para tener un aire limpio, el convenio también obliga a buscar formas que protejan del humo en el interior de los centros de trabajo, del transporte público y de lugares públicos.
El tratado también intenta frenar el contrabando de tabaco, la fabricación ilícita y la falsificación, por lo que los distintos países deberán luchar activamente contra esta clase de acciones.
Respecto al aumento de la fiscalidad, el tratado no establece porcentajes mínimos, pero recomienda que por lo menos el 70 por ciento del coste corresponda a impuestos y que «las subidas de precios estén por encima de la inflación, para que el encarecimiento del tabaco sea mayor que el del resto de productos básicos».