El delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, Gonzalo Robles, anunció que el Instituto Carlos III acaba de aceptar entre sus redes de investigación una centrada en las drogodependencias que, a juicio de Robles, supondrá «dar una continuidad» y aportar «un esfuerzo importante» a los investigadores que se dedican a este campo.

De esta forma, esta nueva unidad se sumará al Instituto Nacional de Investigación, recientemente puesto en marcha, y que, según el delegado del Gobierno, ya ha supuesto «un respaldo» a la investigación en este área.

Gonzalo Robles hizo estas declaraciones en Santander en el marco de la inauguración de las «XVI Jornadas Nacionales de Drogodependencias» de Cruz Roja Española, a cuyo acto inaugural también asistieron el consejero de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales del Gobierno cántabro, Jaime del Barrio; el vicepresidente nacional de Cruz Roja, Fernando del Rosario; y la presidenta de Cruz Roja en Cantabria, Carmen Moreno.

Asimismo, Robles subrayó la evolución del Plan Nacional Sobre Drogas español, «que ha permitido integrar todas las sensibilidades» y que se encuentra entre los mejores de Europa, como lo prueba el hecho de que siete de los nueve países candidatos a integrarse en la Unión Europea, estén desarrollando planes de drogas sobre el modelo español y con personal también español.

Del mismo modo, destacó la importancia de haber incorporado también al Plan Nacional el tabaco y el alcohol y de haber superado así «la idea reduccionista de que droga sólo es la heroína». También subrayó el esfuerzo realizado en la prevención, tanto en el ámbito socioeducativo, como en la familia, especialmente con la difusión de más de tres millones y medios de guías para la prevención en el seno familiar.

Por otra parte, Gonzalo Robles, que recordó que en 2002 se destinaron en toda España 270 millones de euros para el Plan Nacional Sobre Drogas, se refirió a la reforma del código penal que, en su opinión, «permitirá tener una mejor respuesta jurídica para la lucha contra la droga».

En este sentido, señaló que con la reforma se recogen cuestiones fundamentales en lo relativo, por ejemplo, al tratamiento penal de las organizaciones criminales; el blanqueo de capitales, permitiendo actuar contra los bienes patrimoniales de los narcotraficantes aunque no hayan sido generados por la droga; el decomiso anticipado, facilitando intervenir los bienes y subastarlos sin que haya siquiera sentencia provisional; y la destrucción automática de la droga incautada.

Igualmente, hizo hincapié en la mejora que supone que las personas que hayan delinquido repetidas veces puedan acogerse a los programas y tratamientos alternativos cuando tengan sentencias de hasta cinco años, y no tres como hasta ahora, e independientemente de la reincidencia.

Por su parte, Jaime del Barrio reflexionó sobre la evolución de los planes y tratamiento contra la droga, que actualmente se desarrollan «de forma normalizada» y como una «asignatura más del quehacer diario de la asistencia sanitaria», frente a la «precariedad de medios» y los «horizontes sin definir» de los primeros momentos.

Además, Del Barrio resaltó especialmente la labor de todas las personas que trabajan con los drogodependientes y desarrollan una tarea «la mayoría de las veces anónima, pocas veces reconocida y pocas veces gratificante».

Mientras tanto, el vicepresidente de Cruz Roja Española, llamó a los miembros de la organización a no olvidar el compromiso de la institución de estar con aquellas personas a las que «no se les reconoce su dignidad» y como consecuencia sufren «exclusión» y ayudarles a que puedan «encontrar su itinerario en la inclusión».

Por todo ello, las jornadas se centrarán en el empleo como una de las herramientas para el reconocimiento de la propia dignidad de la persona y como camino para su inclusión y se prestará especial atención a aquellos casos en los que la drogodependencia está acompañada de otras circunstancias que agudizan más la exclusión, como pueden ser los problemas de salud mental, la inmigración, la cuestión de género o la reclusión en centros penitenciarios.