Amnistía Internacional presenta su informe para promover políticas de drogas que defiendan los derechos humanos.
En dicho informe, la organización insta a los Estados a adoptar nuevos modelos de regulación de drogas centrados en los derechos humanos. Especialmente enfocados en proteger la salud de las personas, despenalizar el uso y cultivo de sustancias, y establecer regulaciones efectivas. Además, estas políticas deben ampliar el acceso a servicios básicos y abordar las causas socioeconómicas que aumentan los riesgos asociados al consumo de drogas, como la pobreza, la discriminación, el desempleo, la enfermedad, la falta de educación y la vivienda.
Amnistía Internacional critica que las Convenciones de Drogas de Naciones Unidas parten de la premisa de que las drogas y la adicción son un «mal» que debe ser prevenido y erradicado. Esta perspectiva centra la atención en las sustancias en lugar de las personas y sus derechos humanos, introduciendo un concepto moralmente cargado en el derecho internacional que estigmatiza el consumo de drogas como una forma única y excepcional de comportamiento indebido.
La aplicación de políticas represivas y otras medidas dirigidas exclusivamente a la prohibición han creado barreras significativas para garantizar el derecho a la salud y han resultado en violaciones generalizadas de los derechos humanos. El Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud ha concluido que la criminalización del uso y posesión de drogas es desproporcionada y no logra prevenir daños a la salud ni controlar el uso de drogas. De manera similar, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha expresado preocupación por cómo la criminalización dificulta el acceso al tratamiento médico necesario.
En 2019, la ONU publicaba una Posición Común en la que reconocía los fracasos globales de la «guerra contra las drogas» y admitía que las políticas punitivas habían sido ineficaces para reducir el tráfico de drogas y abordar su uso no médico.
Por esta razón, Amnistía Internacional propone unos principios generales para guiar la reforma de las políticas de drogas:
– Los Estados deben abstenerse de aplicar políticas represivas que perjudiquen en lugar de proteger a las personas.
– Las personas que consumen drogas no pierden sus derechos humanos.
– El control de drogas no debe justificar violaciones de derechos humanos, sino promover el derecho a la salud y otros derechos fundamentales.
– Es esencial sostener y profundizar el cambio hacia políticas basadas en la salud pública y los derechos humanos.
– Se deben aprender lecciones de modelos alternativos de regulación estatal.
No existe una solución única para todas las situaciones, por lo que las políticas deben adaptarse a las características específicas de cada droga y a las realidades sociales de los grupos en riesgo, basándose en consideraciones de salud, científicas y siempre respetando los derechos humanos.
La organización también destaca la necesidad de que los gobiernos prioricen el derecho a la salud en las políticas de drogas, garantizando el acceso a servicios de salud y sociales basados en evidencia y cumpliendo con estándares de derechos humanos. Estos servicios deben incluir prevención, información, reducción de daños, tratamiento voluntario y rehabilitación cuando sea necesario, sin discriminación, incluso en contextos de encarcelamiento.
El informe recalca realizar campañas educativas para prevenir el primer consumo de drogas en niños con fines no médicos, y adoptar una perspectiva de derechos del niño que evite encarcelamientos o privaciones de libertad por consumo o posesión de drogas.
En cuanto al estigma, subraya la importancia de evitar prejuicios y promover una visión no estereotipada de las drogas y de quienes las consumen. En el caso de usos ancestrales, los Estados deben implementar medidas adecuadas para garantizar que los Pueblos Indígenas y las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas puedan utilizar y cultivar drogas como parte de sus tradiciones y costumbres culturales.
La entidad enfatiza la necesidad de abolir la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, cesar las detenciones arbitrarias para tratamientos obligatorios o coercitivos de personas que consumen drogas, abordar el impacto desproporcionado de las políticas de control de drogas en los grupos marginados y su aplicación discriminatoria, y respetar el derecho a la privacidad y la vida privada. Además, exhorta a despenalizar el uso, posesión, cultivo y adquisición de drogas para uso personal, así como implementar alternativas a la criminalización de otros delitos menores no violentos relacionados con las drogas que no causen daño a terceros.
Finalmente, con respecto a la reforma del régimen internacional de control de drogas, Amnistía Internacional sugiere asegurar que las políticas internacionales y nacionales cumplan con las leyes y estándares internacionales de derechos humanos. También propone una mayor participación de los mecanismos de derechos humanos con los cuerpos de control de drogas y reformar las convenciones de drogas de la ONU. «Los Estados deben explorar opciones para reformar o alterar su relación con las Convenciones de Drogas de la ONU, asegurando que estas no impidan adoptar políticas de control de drogas que cumplan con las obligaciones de derechos humanos y reduzcan los daños relacionados con las drogas».
