Naciones Unidas seguirá incluyendo el cannabis en la lista negra internacional de las drogas y renuncia a flexibilizar los criterios para su uso y eventual despenalización.
El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) presentado ayer en España muestra la preocupación de la ONU por la corriente de opinión favorable a esta sustancia y censura las últimas iniciativas aperturistas de países como Gran Bretaña.
La JIFE señala al tráfico de narcóticos como factor de subdesarrollo económico y corrupción, y subraya que sólo el 1 por ciento del dinero que mueve revierte en los países productores.
«El cannabis no es una droga inocua, como suelen sostener los partidarios de su legalización», recalca en el informe Philip Emafo, presidente de la Junta Internacional, el organismo que rige la política sobre estupefacientes de Naciones Unidas.
Su mensaje anual incide en los males asociados al «uso ilícito» del cannabis sativa -entre los que cita disfunciones cerebrales, ataques cardiacos en jóvenes, cáncer y enfermedades pulmonares- , y hace suyo el dictamen de la Fundación Británica del Pulmón, según el cual «fumar tres porros de cannabis causa el mismo daño a las paredes de las vías respiratorias que fumar 20 cigarrillos».
El documento de la JIFE hace caso omiso de la literatura científica que certifica los limitados riesgos del consumo del cannabis frente a drogas legales como el alcohol y el tabaco y, sobre todo, descarta cualquier apertura en las restricciones internacionales que pesan sobre las drogas consideradas blandas en los debates de la reunión que celebrará el 16 y 17 de abril en Viena la Comisión de Narcóticos de Naciones Unidas.
En plena sintonía con el informe de Naciones Unidas, el delegado para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, lamentó la «avalancha de confusión interesada entre lo que es el uso médico y el lúdico» de la marihuana, negó que haya evidencias científicas suficientes que avalen -dijo- el presunto poder terapéutico que le atribuyen numerosos médicos y enfermos y la necesidad de su legalización. «La medicina tiene un arsenal terapéutico legal suficiente para atender estas demandas» de algunos pacientes, concluyó Robles.
El resumen 2002 de la JIFE se detiene, además, en la doble injusticia que el narcotráfico internacional comete con los países en vías de desarrollo. Como productores principales de heroína, cocaína y otras sustancias narcóticas, apenas perciben por ingresos agrícolas el 1 por ciento de los flujos millonarios de dinero que mueve la droga. El 99 por ciento se queda en los países consumidores y a lo largo de toda la siniestra cadena de distribución.
Los cultivadores sufren además los efectos más perversos del principal tráfico ilícito mundial, junto con la venta ilegal de armas. La JIFE recuerda que países como Colombia, Afganistán, Laos, Myanmar y otros productores acusan serios conflictos sociopolíticos; violencia y fenómenos guerrilleros; campa la corrupción institucional promovida por el narcotráfico; se desincentiva el desarrollo económico en sectores saneados y legales, barridos por el dinero rápido y fácil de la droga; y, además, acaba por extenderse el consumo entre las propias poblaciones. «Tienen todos los problemas y ninguna ventaja», resumió Robles.
Según los expertos de Naciones Unidas, un aumento del 2 por ciento en la ayuda mundial al desarrollo bastaría para compensar el déficit provocado por la sustitución de cultivos de amapola y coca. También, la supresión de las barreras arancelarias de los países consumidores de drogas a los productos, agrícolas o de otro tipo, legales de los estados productores, a los que la comunidad internacional pide esfuerzos de lucha contra las drogas sin apenas contrapartidas.
Por último, Robles anunció la puesta en marcha del proyecto Prisma, encaminado a impedir que las sustancias químicas necesarias para fabricar drogas sintéticas como el éxtasis lleguen a los laboratorios clandestinos.
