El declarado rechazo de los votantes de California a la Proposición 19 no significa que el debate sobre la legalización de las drogas haya concluido.

Si confiamos en los datos de las últimas encuestas de opinión, la Proposición 19, que plantea legalizar el cultivo, la posesión, la distribución y la venta de marihuana en California está moribunda y sólo falta que los votantes le den la puntilla el próximo martes.

El sondeo de la Universidad del Sur de California y Los Ángeles Times muestra que el 51% de los votantes está en contra de su aprobación y sólo el 39% a favor.

Desafortunadamente, las encuestas no ofrecen datos para saber si los votantes se oponen a la medida porque consideran inmoral la drogadicción o porque piensan que las drogas dañan la salud o porque encontraron que el texto de la Proposición está tan plagado de fallas que resultaría imposible regular, controlar y gravar el uso de la droga.

LEGALIZAR PARA CONTROLAR

Tres virtudes cardinales prometía la famosa Proposición 19, que son fundamentales en cualquier debate sobre la legalización de las drogas. La fuerza del argumento en favor de la legalización es, precisamente, encontrar la forma de regular su uso y controlar su venta.

Para regular el consumo de la marihuana la propuesta dispone que cada municipio, cada ciudad y cada condado redacten sus propias reglas. En California, eso significa más de 500 regulaciones distintas y muy probablemente contradictorias. Las regulaciones de una ciudad podrían ser diferentes a las del condado en el cuál se localiza. Y cuando hay muchas regulaciones no se regula, se produce un caos legal insoluble.

Y si tomamos como modelo la regulación vigente para la venta de marihuana con fines medicinales, al caos legal habría que añadirle el desorden social y la proliferación de delitos.

De 600 dispensarios inicialmente autorizados para venderla, 400 fueron clausurados por violaciones que incluyen ventas a menores de edad, consumo de drogas en público, incremento de la violencia, robo a residencias, daños a la propiedad y confrontaciones con gente ajena al vecindario donde se localizaban los dispensarios.

«El programa de marihuana medicinal ha sido secuestrado por bandas criminales que utilizan la violencia para controlar sus territorios», ha declarado el Alguacil del Condado de Los Ángeles, Lee Baca.

Quizá un factor que influyó en la decisión de los votantes para rechazar la propuesta fue la advertencia del Procurador General de Justicia, señalando que de aprobarse la medida el gobierno federal aplicará «con vigor» las leyes federales que prohíben el cultivo, la distribución, la venta y el consumo de drogas.

Sin embargo, es evidente que la inminente derrota de esta propuesta no significa que el debate sobre la legalización concluyó. La legislatura de California discute un proyecto de ley que tendría mayor alcance que la despenalización en Holanda o la descriminalización de Portugal.

Ojalá que el futuro debate se centre más en las hipótesis sobre los beneficios y los perjuicios de la legalización. Que se estudie, por ejemplo, la validez del argumento que sostiene que la legalización afectaría los márgenes de ganancia del crimen organizado y por ende reduciría su capacidad de corrupción, reclutamiento y violencia. Una hipótesis que para el Dr. Jonathan Caulkins, de la Carnegie Mellon’ Heinz University, es sumamente improbable porque «no existe una regla universal que nos permita asumir que la violencia está directamente ligada a la ganancia.

Más aún, la disminución de las ganancias podría tener efectos perversos. La violencia podría aumentar si los carteles tienen que competir para controlar territorios cada vez más reducidos o si los sicarios quedaran desempleados pues lo más probable es que se dedicarían al secuestro, al robo o a otras actividades delictivas».

Otro de los argumentos que se usan para abogar por la legalización es que con ésta se reduciría considerablemente el tamaño de la población carcelaria no violenta. Quizá, pero la reducción sería mínima.

«En Estados Unidos», me dice Caulkins, «más del 85% de los encarcelados por consumir drogas están también involucrados en la distribución y venta de drogas. En rigor, sólo el 0,5% está en prisión por posesión».

Viendo a futuro, pienso que por más razonable que parezca permitir que los adultos consuman drogas, su legalización traería un sinnúmero de consecuencias indeseables. Según Beau Kilmer, co-director del Centro de Investigación de Políticas sobre Drogas de la Corporación Rand, sus investigaciones revelan que «la legalización reduciría el costo de la marihuana hasta en un 80% y el consumo aumentaría, quizá considerablemente. Su abaratamiento afectaría a otros estados, propiciaría el contrabando y aumentaría el turismo de adictos a California».

En conclusión, la legalización, tal y como ha sido planteada en California, no resuelve ni la adicción a las drogas ni disminuye la violencia que genera el combate a los narcotraficantes.