Redacción-

Hoy nos hacemos eco del comunicado de la International Drug Policy Consortium (IDPC) [Consorcio Internacional de Políticas de Drogas] sobre los principios que deberían regir para la regulación responsable del cannabis, publicada el 9 de setiembre de 2020 en su portal virtual. El IDPC es una red mundial que promueve un debate objetivo y abierto sobre políticas de droga, y que goza de un amplio reconocimiento internacional.

Según el consorcio, el debate sobre la regulación del cannabis es ineludible, cada vez son más los países con regulaciones establecidas o con proyectos de ley en sus parlamentos. Para la IDPC «La regulación legal de una droga programada no es una solución milagrosa que resuelva todos los efectos dañinos de la prohibición«, aunque si señalan que es una herramienta poderosa para corregir muchos de los daños, los mercados legales también pueden perpetuar algunos o causar de nuevos. «Los mercados legales también pueden ser capturados por intereses corporativos, no incluyen medidas integrales para reparar los daños ocasionados por la guerra contra las drogas y criminalizan aún más a las personas que permanecen en los espacios ilegales que inevitablemente persisten fuera de cualquier mercado regulado» afirman en el comunicado.

Para abordar este desafío, proponen 20 principios, organizados en 5 categorías:

  1. Los mercados legales deben proteger la salud y los derechos humanos de las personas que consumen drogas, brindándoles acceso integral a los servicios de salud y con la gama completa de derechos y protecciones que normalmente se otorgan a los consumidores en los mercados legales.
  2. Los mercados legales deben promover la justicia social buscando reparar los daños de las políticas punitivas y asegurando que las comunidades más afectadas por la prohibición, que en muchos casos han sido oprimidas por motivos de raza, identidad de género u orientación sexual, puedan realizar la transición al mercado legal, si lo desean.
  3. Los marcos regulatorios deben promover modelos comerciales y políticas comerciales internacionales que promuevan la inclusión económica, el desarrollo sostenible y la justicia climática en las cadenas de suministro locales, regionales y globales.
  4. Las reformas legales deben eliminar los castigos por el uso personal de drogas y las actividades auxiliares, incluidas las sustancias o actividades que quedan fuera del alcance de los mercados regulados. Si aún se imponen sanciones por actividades relacionadas con el tráfico, las respuestas punitivas deben ser estrictamente proporcionadas y estar acompañadas de otras intervenciones.
  5. La regulación legal debe adoptar un enfoque sensible al género, a fin de reparar el daño desproporcionado y la exclusión que sufren las mujeres sometidas a la prohibición

Por último, señalan que los nuevos marcos regulatorios deben incluir mecanismos para recopilar, analizar y difundir datos completos sobre los mercados de drogas y el consumo de drogas, ya que la regulación legal es un proceso dinámico que responde a la evolución del mercado y a las lecciones aprendidas.

Leer el comunicado en idpc.net