El Gobierno de Madrid permitirá fumar en los bares y cafeterías de centros de trabajo que tengan licencia de hostelería y más de 100 metros cuadrados de superficie, así como en zonas reservadas para celebraciones privadas o institucionales y espacios al aire libre que no estén dentro de centros educativos o sanitarios.
Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, al término del Consejo de Gobierno regional. Este proyecto de decreto se enviará al Consejo Económico y Social y al Consejo de Estado que ofrecerán sendos informes. El decreto será aprobado una vez que estas dos consejerías elaboren dichos informes.
Lamela ha señalado que el Decreto de la Comunidad «no es inconstitucional ni ilegal«, dice que palía la «falta de concreción y la inseguridad jurídica» de algunos artículos de la ley estatal.
«Para nosotros siempre prevalece el derecho del no fumador sobre el del fumador», ha indicado. No obstante, aclara que se protegerá la «esfera de libertad» de los dueños de bares de menos de 100 metros cuadrados para que decidan si permiten fumar o no, a excepción de los situados en centros de trabajo, donde estará prohibido con esas dimensiones.
La norma contempla la implantación de acciones directas de salud pública que permitan a los fumadores abandonar paulatinamente su adicción. Para ello, la Administración madrileña negociará con las sociedades científicas y profesionales, así como con los agentes sociales, empresarios y sindicatos acuerdos para incentivar la deshabituación tabáquica en estas personas. La financiación de los tratamientos se llevará a cabo entre la Comunidad, los empresarios y los particulares beneficiados de tales medidas.
El reglamento madrileño obliga a separar las zonas de fumadores del resto mediante «separaciones físicas no estancas» que eviten que los humos y olores del tabaco perjudiquen a los no fumadores. La separación de zonas tiene que garantizar que el humo no pase de una zona a otra. Por este motivo, Lamela descarta que baste el empleo de biombos para diferenciar los espacios.
El borrador establece también que se podrá fumar en los locales abiertos al aire libre. La Comunidad considera como espacios al aire libre todos aquellos que no puedan ser calificados como «local», entendiendo éste como un lugar cercado o cerrado, así como cubierto o techado. Asimismo, tendrán la consideración de espacios al aire libre los que tengan cubierta móvil o practicable, siempre que la misma permanezca abierta.
Con esta medida, según aclara Manuel Lamela, se evita que las personas tengan que salir a la calle siempre que dispongan de un lugar abierto para fumar y «que no se induzca a los menores a fumar».
En aquellos establecimientos donde se desarrollen varias actividades, se tendrán en cuenta las zonas de forma individual según ha informado Lamela. Un ejemplo de estos casos serían las discotecas de los hoteles, en las que se podrá fumar si el dueño así lo considera.
En respuesta a la iniciativa madrileña Teresa Salvador, representante del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo opina que «la ley antitabaco es una ley básica, es decir, de obligado cumplimiento. Ha salido a la luz por consenso político, de manera que cada comunidad autónoma es libre de hacer sus propuestas. El Tribunal de Justicia debe decidir hasta dónde pueden llegar estos cambios».
Miguel Moreno, coordinador de la Asociación de Especialistas en Medicina del Trabajo explica que «al contrario de lo que sucede en la Comunidad de Madrid, el Departament de Salut de Cataluña está pensando en endurecer la ley».
Subida de impuestos
Por su parte, el Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado hoy, con la abstención del PP, el decreto ley de 10 de febrero por el que se suben los impuestos a las labores del tabaco, al tiempo que rechazó la petición del principal partido de la oposición de tramitarlo como Proyecto de Ley.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, confía en que con esta norma las compañías establezcan los precios de sus marcas de cigarrillos en niveles anteriores a la guerra comercial desatada para atajar los efectos de la Ley Antitabaco.
«Con estos tipos impositivos el Gobierno espera que las compañías fijen, como parece que están haciendo, unos nuevos precios que cuando menos, recuperen los anteriores niveles a las últimas reducciones», ha declarado Solbes en la Cámara Baja en su defensa de la convalidación del último decreto ley de subida de impuestos.
Acompañado en el hemiciclo por la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, Solbes ha subrayado que este decreto ley responde al margen de maniobra del Ejecutivo a través de su política fiscal para atajar la proliferación de las marcas baratas de cigarrillos y avanzar en su lucha contra el tabaquismo.
El vicepresidente segundo argumenta que el Gobierno no puede fijar el precio del tabaco porque corresponde exclusivamente a las compañías, pero sí puede incidir en la fiscalidad para disuadir el consumo y afrontar mejor los gastos sanitarios derivados del tabaquismo, gracias al aumento recaudatorio.
