La guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. La estrategia prohibicionista plasmada en la Convención Única de Estupefacientes de 1961 e implementada durante las últimas décadas en Colombia deja resultados desalentadores, miles de muertos, un sinnúmero de problemáticas sociales, y la pérdida de legitimidad del Estado. El enfoque criminalizador no ha logrado afectar la estructura del narcotráfico, dado que las estructuras criminales amenazan con tener cada día más control. Mientras tanto, territorios enteros quedan rezagados, envueltos en las economías ilegales y la sangre, ahondando las desigualdades de ingresos, paz y oportunidades en Colombia.
Desigualdades y narcotráfico: ¿quién gana y quién pierde?
Existe una relación de doble vía entre narcotráfico y desigualdad, evidente al analizar las condiciones de territorios como el pacífico nariñense, el Bajo Cauca o el Urabá antioqueño. En estas zonas, el narcotráfico profundiza las desigualdades territoriales a través de la violencia y la corrupción. Es preocupante que algunas de las dinámicas que se presentaron durante “la parapolítica”, se estén presentando nuevamente en varios municipios del país, en donde la mafia es aliada del poder político local y adecúa su conducta a la consolidación del ejercicio del poder militar y político en el territorio. Se ha demostrado que existen estructuras criminales que financian campañas de políticos afines a su causa, manteniendo discursos basados en el miedo y la necesidad de restaurar el orden. Además, la bonanza económica que generan las economías ilegales a costa de la depredación de los recursos naturales y de los medios de producción locales perpetúa la pobreza y la informalidad.
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