En marzo de 2002, el Gobierno venezolano -a través de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) – reconoció que el país estaba afectado por «la insuficiencia de recursos humanos y técnicos» para combatir «en igualdad de condiciones» las organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias prohibidas.

El director de la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos, agente especial Joseph Evans, y la entonces presidenta de la Conacuid, Mildred Camero, firmaron un convenio que intentaba compensar esa deficiencia mediante la activación de dos unidades especiales de investigación en la materia.

Fuentes ligadas a ese proceso explicaron que desde 2001 los estadounidenses y los representantes venezolanos habían analizado el funcionamiento de grupos similares en países como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y México.

De acuerdo con el Gobierno venezolano, el resultado del trabajo desarrollado por tales grupos era «de inobjetable apreciación». En el acuerdo, cuyos términos no habían sido divulgados hasta el presente, se estableció que en el país era necesaria «la creación (…) de unidades con el fin de implementar y desarrollar estrategias operativas de investigación e inteligencia policial, para tratar de lograr la disminución y erradicación del delito de tráfico de drogas en cualquiera de sus modalidades».

Las unidades serían, según el documento, de carácter permanente y con «autonomía funcional dentro de su ámbito técnico operativo de desempeño». En una se constituiría un grupo con funcionarios del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional y la DEA, y en la otra participarían agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, junto con los estadounidenses.

La idea era que la GN y el Cicpc trabajaran «en coordinación e interrelación con la DEA, en forma independiente cada una de ellas, contando con la correspondiente intervención del Ministerio Público» venezolano.

En la práctica, muchas de las actividades que adelantaban los norteamericanos con los agentes de la policía científica no eran conocidas por la Guardia Nacional.

Ese fue uno de los factores que tomaron en cuenta los militares para cesar momentáneamente sus actividades con el organismo antidrogas estadounidense.

Cuerpo élite

El acuerdo es revisado por el presidente de la República, así como también las operaciones que se han desarrollado durante sus tres años de vigencia.

Luego de la firma del documento, Camero suscribió con el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Stephen Mc Farland, la enmienda a una carta que estaba vigente desde septiembre del año anterior, a través de la cual Washington se comprometía a financiar diversos programas ligados a la prevención y la represión del consumo y tráfico de drogas en el país.

El aporte global por año sería de 4,45 millones de dólares. Una de las actividades desarrolladas por la actual administración de la Conacuid es revisar el destino de los aportes efectuados por Washington al organismo antidrogas venezolana durante el último lustro.

Ese dinero no sólo sería usado para sufragar los costos operativos de la Unidad Especial de Investigaciones, sino también para «desarrollar profesionalmente un cuerpo élite de fiscales del Ministerio Público e investigadores criminalísticos en materia de drogas».

El proyecto constaba de partidas específicas para la instalación de tecnologías para revisión de cargas en puertos y aeropuertos, construcción de un depósito de evidencias, financiamiento de cursos de especialización, campañas publicitarias e investigación contra la legitimación de capitales.

También disponía de 159 mil dólares para la formación de un centro de «acoplamiento y análisis de información de inteligencia», cuyo cerebro sería un programa informático compatible con los utilizados en el Centro Nacional de Inteligencia sobre Estupefacientes de Estados Unidos, que opera en la ciudad de El Paso, Texas.

No obstante, la continuidad de los aportes depende de la verificación de resultados concretos por parte de las autoridades venezolanas.

Por ejemplo, la renovación de una partida de 50 mil dólares estaba sujeta a la aprobación de la ley orgánica contra la delincuencia organizada. Otro aporte de 2 millones de dólares no sería efectuado nuevamente si la justicia venezolana aumentaba la condena a imputados por drogas en 40% durante el lapso 2003-2006, al tiempo que reducía el volumen de casos pendientes.