La ampliación de los períodos de encarcelación, sanciones por pérdida dedroga decomisada e incorporación de nuevos artículos son algunas de las
modificaciones propuestas Por considerar que la Ley Orgánica Contra el
Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas instaura penas «excesivamente benignas», el Ministerio
Público, en combinación con la Dirección de Drogas, elaboró un conjunto
de reformas que pretenden adaptar la normativa vigente a la realidad
nacional y a las políticas internacionales en la misma materia.

El documento que contiene la propuesta fue consignado ante la Asamblea
Nacional, según se indica en un comunicado de prensa emitido del
organismo gubernamental.

El aumento de las penas, ampliación de circunstancias agravantes,
reducción de los beneficios procesales y sanciones severas para los
funcionarios que estén vinculados en estos delitos constituyen algunos
de los tópicos que la Fiscalía sugiere reformar.

Actualizar la norma, una de las modificaciones que sugiere el Ministerio
Público a la legislación es la reestructuración del artículo 31, que
establece sanciones de 6 a 20 años de prisión de acuerdo con los grados
de comisión de delitos vinculados con el tráfico y distribución de
estupefacientes. La nueva propuesta consiste en ampliar los períodos de
prisión: la persona que fabrique, trafique, comercie, oculte o
distribuya algún tipo de sustancia ilícita se le aplicaría una pena que
va de 10 a 20 años de prisión, mientras que la sanción para el que
dirija o financie operaciones de narcotráfico oscila entre 12 y 24 años.

Otra de las sugerencias que hace el organismo gubernamental es la
eliminación de la medida que determina el tipo de sanción según la
cantidad de droga incautada. También pretende ampliar el margen entre
las penas impuestas en juicio y las medidas alternativas de prosecución
del proceso, para que el investigado admita los cargos en las audiencias
preliminares y aliviar la carga en los tribunales.

Además, el proyecto contiene dos artículos más que la normativa actual.
Ambas disposiciones proponen sanciones por pérdida o sustitución de
estupefacientes decomisados, lo cual afectaría aquellos funcionarios
gubernamentales encargados de custodiar la droga incautada.