Diversas investigaciones realizadas en losúltimos años sobre el creciente proceso de
organización protagonizado por los usuarios
de drogas han constatado que, bajo determinadas
circunstancias, estas redes sociales,
aglutinadas por experiencias, valores y formas
comunes de entender el consumo de
drogas, pueden jugar un notable papel en
la reducción de daños. El potencial de estos
grupos, en tanto que facilitadotes de prácticas
dirigidas a minimizar las consecuencias
de determinados consumos, es el punto de
partida de este artículo en el que se exponen
los principales resultados de un estudio
realizado a través de una encuesta a casi un
millar de participantes. Sus resultados, limitados
desde el punto de vista metodológico,
indican que la promoción de tales redes,
dentro de un contexto de seguridad y anonimato,
con una infraestructura de comunicación
adecuada y una financiación suficiente,
supondría un avance importante en el campo
de la reducción de daños.

La investigación, llevada a cabo en Canadá,
se desarrolló bajo el paraguas del Primer
Congreso sobre Reducción de Daños celebrado
hace ahora cuatro años en este país. En
ella participaron un total de 889 personas,
reclutadas por diversos medios, a través de
una encuesta online. Con ella sus autores
se proponían evaluar las opiniones tanto de
aquellas personas que tenían previsto acudir al
Congreso, como las de aquellas otras que, aún
no teniendo la intención de hacerlo, pudieran
aportar sus perspectivas y conocimientos prácticos.
El cuestionario, compuesto de cuarenta
preguntas, contaba con una batería específica
de preguntas abiertas en las que se interrogaba
a los participantes sobre aspectos como la
configuración, financiación, alianzas y retos a
los que deberían hacer frente éstas. Del total
de personas que cumplimentaron el cuestionario,
un grupo heterogéneo compuesto de
personas consumidoras y con experiencia en el
campo de las drogodependencias, la mayoría
tenía menos de 40 años y procedía de las principales
ciudades canadienses. Además, el 80%
había consumido alguna vez drogas ilegales
y, el 20%, se la había administrado de forma
inyectada.

A grandes rasgos, las personas que participaron
en la investigación valoraron de forma
positiva el papel que estas redes podrían
desempeñar en Canadá, si bien manifestaron
opiniones encontradas acerca la forma que
deberían adoptar y de la relación que convendría
que tuvieran con la administración.
Adicionalmente, la investigación demostró
también que las redes de pares, lejos de ser
un proyecto o una aspiración futura, eran para
buena parte de los entrevistados una realidad,
mencionándose, entre otras, la ONG VANDU
(Vancouver Area Network of Drug Users] e
IDUUT [Illicit Drug Users Union of Toronto].
Destacaban, en este sentido, la necesidad de
de aprovechar la experiencia de tales organizaciones,
así como la de otras menos formales,
para avanzar en la consolidación de una red
de intercambio de información, prácticas y
conocimientos.

¿Debería el Estado financiar estas redes?
Aunque todos participantes en la investigación
consideraban la financiación una cuestión clave,
algunos, mostraron también su reticencia a confiar en las mismas instituciones que ilegalizaban
el consumo de droga y sancionaban
a los consumidores. Otros, sin embargo, se
declaraban favorables a contar con el respaldo
de la Administración y sugerían la posibilidad
de que las instituciones públicas proveyeran
a estas redes de la infraestructura necesaria
para su creación o apoyaran, a las ya existentes,
en la planificación de sus actividades. Más
unanimidad se dio cuando se abordó el tema
logístico, ya que la mayoría consideraban a
Internet, con todas sus posibilidades de comunicación
(chat s, e-mails, video-llamadas, etc.),
como una de las claves. También hubo acuerdo
en que no debería ser la única, señalándose
así mismo la importancia del contacto directo
en locales adecuados y seguros. Además de la
financiación e infraestructura, el cuestionario
recogía también el tema del anonimato. En
este punto, la mayoría de participantes mostraban
su escepticismo y temor a que cualquier
red formal existente, dentro de un contexto
prohibicionista, pudiera poner en peligro a los
consumidores.

Los retos y desafíos a los que tendrían
que enfrentarse estas redes en el caso de
materializarse no son pocos. El presente
artículo, en su último apartado, señala algunos
que deberían tenerse en cuenta. ¿Está
preparada la sociedad Canadiense, dado el
marco legal existente, a un creciente proceso
de visibilización de estas redes? ¿Son viables
estos grupos teniendo en cuenta que los
consumidores de drogas conforman un colectivo
extremadamente diverso y no siempre
preocupado por su salud? A pesar del escepticismo
de algunas de las opiniones recogidas,
los autores de este estudio consideran que
este tipo de organizaciones podrían significar
un paso muy positivo en la promoción de la
reducción de daños, sobre todo, teniendo
en cuenta un horizonte en el que aún queda
tanto por hacer. En Canadá se estima que al
menos dos tercios de las nuevas infecciones
del virus de la hepatitis C están relacionadas
con el consumo de drogas.

BIBLIOGRAFÍA

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