Entrevista a Paula Aguirre Ospina, directora de la oficina de Elementa DDHH en Colombia y representante de América Latina del Consejo Asesor de International Drug Policy Consortium (IDPC).

Marta Saiz | La Paz (Bolivia)

Paula Aguirre Ospina es abogada especializada en derechos humanos y políticas de drogas. También es fundadora de la organización Elementa DDHH, en la que lleva ocho años junto a un equipo multidisciplinario y feminista que trabaja con un enfoque socio-jurídico y político para aportar a la construcción y fortalecimiento regional de los derechos humanos, desde sus oficinas de México y Colombia. Esta última es donde Aguirre desarrolla su labor como directora, en un país que presentó hace unos meses su nueva política de drogas 2023-2033 ‘Sembrando vida desterramos el narcotráfico’. Una estrategia enfocada a los derechos humanos, la salud pública y la construcción de paz.

Pregunta. ¿Cuál es el trabajo que realiza Elementa DDHH?

Respuesta. Elementa DDHH es una organización de derechos humanos que tiene oficinas en México y en Colombia. Yo me encargo de la oficina en Colombia, donde trabajamos desde dos grandes áreas de acción: política de drogas y derechos humanos, y verdad, justicia y reparación. Pero no trabajamos cada área por su lado, sino que intentamos que se complementen constantemente, ya que entendemos que las políticas prohibicionistas han generado graves violaciones a los derechos humanos y necesitamos que esas violaciones sean reconocidas. Y eso implica un cambio de enfoque hacia la justicia transicional.

P. ¿Por qué las políticas de drogas tienen que estar relacionadas con los derechos humanos?

R. Las políticas de drogas realmente no se han enfocado en las sustancias en sí mismas, sino que se han ensañado con ciertas personas, afectando directamente a sus derechos humanos. Nosotras hablamos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, refiriéndonos a las que se entienden como eslabones más expuestos de la cadena del narcotráfico; que en Colombia son las personas cultivadoras de hoja de coca o de cannabis, las que usan drogas, o las que se encuentran en habitabilidad de calle que también usan drogas y que han sido relegadas de la sociedad. Y también hay que destacar la forma en que la política prohibicionista se ha ensañado contras las mujeres y las personas privadas de libertad.

P. A finales de 2023, el actual gobierno de Gustavo Petro presentó la nueva política de drogas que rompía con la anterior, especialmente integrando un enfoque de derechos humanos. ¿Se ha abierto un espacio de diálogo con organizaciones de la sociedad civil?

R. Sí, desde el primer momento. Tan pronto nombraron la dirección de políticas de drogas y se fueron consolidando los equipos, se vio la importancia de tener la conversación con la sociedad civil y valorar la información de la que disponemos y que puede ser útil para diseñar las políticas públicas. Información que, además, está basada en la evidencia y en datos. Para la sociedad civil es importante que sepamos leer los contextos políticos donde nos encontramos y cuál es nuestro rol dependiendo del gobierno. En contextos previos, específicamente durante la anterior administración, nuestro rol fue de resistir e intentar salvaguardar los derechos que teníamos ganados. Colombia ha sido y es un ejemplo muy importante en materia de derechos humanos en cuanto a las personas que están relacionadas con las sustancias psicoactivas, y el anterior ejecutivo intentó echar para atrás todo lo que teníamos ganado. Por ejemplo, con el tema de la aspersión aérea con glifosato que se intentó reactivar y que desde la sociedad civil unimos esfuerzos y logramos que no se reanudara. Por fortuna, actualmente tenemos un gobierno que está abierto a cambiar el enfoque y que está haciendo esfuerzos a pesar de las dificultades, porque igual tenemos un régimen internacional que dificulta todas las posibilidades. Se está haciendo un gran esfuerzo en diseñar una política muy buena que tiene un enfoque de diez años y donde tenemos la posibilidad de dialogar, apoyar y ayudar para que ese cambio se haga realidad.

P. ¿Cómo de presente está la estigmatización hacia las personas relacionadas con algún tipo de sustancia en Colombia?

R. Hay mucha estigmatización y ese siempre va a ser el reto más grande desde todos los frentes, a pesar de que lleguen al poder gobiernos que tengan la posibilidad de cambiar el enfoque. Además, yo creo que no es solamente un reto del estado o del gobierno de turno, sino también de la sociedad civil, los medios de comunicación, los servidores públicos o la academia, todas tenemos que contribuir a desestigmatizar a las personas relacionadas con sustancias psicoactivas.

P. ¿Se está viendo un cambio de narrativa en el país?

R. Sí, definitivamente. Es un esfuerzo difícil porque precisamente va de la mano del estigma, pero creo que se está yendo hacia allá. Especialmente, me gustaría resaltar que en la nueva política de drogas hay un eje transversal de cambio de narrativas y esto es fundamental para un verdadero cambio cultural que tenga efectos a largo plazo.

P. Y así como en Colombia sí se tiene un diálogo más abierto con el Gobierno, ¿cómo es la relación en México?

R. Allá ha sido mucho más compleja. En su día sí vimos una oportunidad, con el cambio de gobierno y la entrada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de llevar la experiencia colombiana a México. Sin embargo, no salió tan bien en los términos que nos esperábamos, pero igual ha sido un ejercicio súper interesante en el que también hemos descubierto otras formas de trabajar y otras temáticas que se relacionan directamente con el tema de política de drogas. En este aspecto, nuestro trabajo se ha centrado en realizar una recopilación de información para mostrar un balance sobre qué es lo que ha ocurrido durante el sexenio, no sólo en materia de drogas, sino de manera más amplia para que se pueda valorar la gestión gubernamental.

P. Desde Elementa se publicó un comunicado poniendo de manifiesto que las iniciativas constitucionales de AMLO sobre política de drogas ponen en riesgo los derechos humanos, entre otras cosas, recrudeciendo el enfoque punitivo.

R. Es un tema muy complejo. Desde el discurso y la narrativa que está controlando completamente el gobierno federal, directamente por el presidente, se está reforzando el estigma contra de las personas que usan drogas. Esto está impactando directamente en la implementación de políticas como la de reducción de riesgos y daños en las personas consumidoras del norte, que necesitan sustitutos de alguna otra sustancia. Obviamente, la no implementación de estas estrategias tiene un impacto negativo en los derechos humanos.

P. También se ha publicado el segundo kit de ‘Desintoxicando Narrativas’, en este caso sobre mujeres y drogas ¿de dónde nace la iniciativa y en qué consiste?

R. Desintoxicando Narrativas es como una apuesta de entender que las narrativas sobre drogas han generado un impacto diferenciado en ciertas personas y poblaciones vulnerabilizadas y cómo se le puede dar la vuelta para que no siga siendo así. Empezamos por una publicación general, ahora hemos hecho esta y la idea es hacer una serie. El proyecto nace para periodistas y personas que trabajan en medios de comunicación o que informan sobre drogas, porque los medios de comunicación han sido reproductores del mensaje de la prohibición.

P. En muchos de los espacios de representatividad institucional se pone el foco en la importancia de la perspectiva de género en las políticas de drogas, ¿cómo se logra realmente integrarla? ¿Es complicado hacer incidencia en este aspecto?

R. La incorporación de la perspectiva de género ha sido un reto gigante, que además ha atravesado el paso del tiempo. Principalmente, la gente piensa que si hay mujeres en espacios de dirección, ahí ya se tiene el “check” del enfoque de género. Pero esto implica ir mucho más allá y el primer paso es entender que la política de drogas ha afectado de forma más diferenciada a las mujeres, particularmente colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y afectación a sus derechos humanos en el marco de la política de prohibición. Por ejemplo, las mujeres que usan drogas se ven estigmatizadas por la creencia de que se están saliendo del rol de buenas madres, buenas mujeres, y que no merecen a sus hijos o que no deberían de tener personas a su cuidado. Porque toda esta estigmatización se agrava más allá de la sistematización que está asociada al consumo de sustancias psicoactivas, también al hecho de que somos mujeres. En cuanto a la incidencia, es complicada, pero ello no puede ser una barrera para que dejemos de lado la importancia y dejemos de seguir intentándolo. La implementación de la perspectiva de género debe hacerse de manera coherente y realista, atendiendo la situación de cada una de las particularidades en el marco de los roles de la cadena del narcotráfico.

P. El pasado marzo se celebró la 67ª reunión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND), donde se rompió el Consenso de Viena con la inclusión del concepto de reducción de riesgos en una de sus declaraciones. En gran parte, este hito ha sido gracias al trabajo e incidencia de la sociedad civil. ¿Cómo se vivió?

R. Creo que es una exageración decir que se vivió como la final de un mundial, pero sí se sintió la tensión sobre qué iba a pasar en la votación. Finalmente, el resultado supuso un hecho que no pasaba desde hace décadas y, afortunadamente, fue una señal de victoria. A pesar de que los que votan son los estados, este fue el resultado de un trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil, de esfuerzos comunitarios y locales que han luchado por la reducción de riesgos y daños como una forma de ver e implementar una visión diferente y de derechos humanos en la atención de políticas de drogas relacionadas con el consumo. Desde Elementa tuvimos conversaciones con la embajadora de Colombia en Austria, Laura Gil, que jugó un rol fundamental convocando a los países que conformaron la coalición de 62 países que se posicionaron a favor de la reducción de riesgos y daños, y también impulsando esta resolución en el marco de esta ruptura del consenso y manteniendo la conversación viva. Y esto son ganancias en el marco de un esfuerzo gigante de Colombia, de Latinoamérica y definitivamente de la sociedad civil en el marco de la incidencia que hemos hecho durante los últimos años. Especialmente de la sociedad civil local que ha luchado desde sus trincheras con pocos recursos, financiando y autofinanciado la reducción de riesgos y daños en nuestros países.

P. En este marco de la CND, ¿qué papel tuvo Colombia? Y desde la sociedad civil, ¿cómo ha sido la incidencia?

R. Como dije en esta columna, Colombia se ha convertido en el país “rockstar” cuando hablamos de escenarios internacionales en los que hay oportunidad de hablar sobre el fracaso de la política prohibicionista de drogas y derechos humanos. El papel fue fundamental, primero en el segmento de alto nivel con el discurso del presidente Petro sobre el fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de un cambio de enfoque. Después, la presencia de nuestro canciller Murillo que dio el discurso de los 62 países, también uniéndose al cambio de enfoque y a la necesidad de apostar a nuevas políticas. Y como dije anteriormente, fue importante el liderazgo en esos días de la embajadora en Austria, participando en eventos paralelos y de la delegación. Por nuestra parte, tuvimos un año además excepcional en términos de conversación con el gobierno nacional. A estas reuniones siempre llegamos intentando tener conversaciones en el marco de la delegación del Gobierno y este año fuimos muy afortunadas, porque realizamos cuatro reuniones a lo largo de la semana para lograr hablar de diferentes cosas. Fue una ganancia muy importante lograr este diálogo directo en un espacio tan importante de visibilidad de nuestro trabajo y para resaltar lo que necesitamos hacer desde nuestro país.