El pasado viernes concluyó la 67ª reunión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND), y lo hizo con un hecho histórico: por primera vez se rompió el consenso de Viena para llevar a cabo una votación. La propuesta, presentada por Estados Unidos, proponía incluir en la declaración el concepto de reducción de daños y fue aprobada por una gran mayoría de los países miembros, a excepción de los votos negativos de Rusia y China.
Además, la iniciativa del país Norteamericano se basaba también en nombrar la reducción de daños como una respuesta eficiente a las crisis de sobredosis, especialmente ante lo que ocurre con el fentanilo en dicha región.
La CND es una Comisión orgánica del Comité Económico y Social (ECOSOC), que funciona como el principal órgano de decisión de Naciones Unidas para discutir la política de drogas a nivel internacional. Están representados 53 países que se reúnen todos los años en Viena para revisar y analizar la situación mundial de las drogas.
Lo relevante de esta votación es que nunca antes se había aprobado una resolución que incluyera el concepto de reducción de daños. Además, para ello tuvo que romperse el consenso de Viena al realizar la votación. Esta fractura del consenso puso en evidencia la diversidad de opiniones que existen y el trabajo avanzado de muchos países con respecto a los programas de reducción de riesgos y daños.
De hecho, gran parte de la incidencia para que el CND aprobase la entrada del concepto ha sido gracias a la sociedad civil y su propuesta de programas y alternativas enfocadas en los derechos humanos y en las personas que usan sustancias.
Y es un hito importante porque hasta ahora el consenso iba en la dirección de vivir en un «mundo libre de drogas», lo que generaba graves vulneraciones a los derechos humanos de la llamada «guerra contra las drogas» que llevaban a cabo varios países. Dentro de estas políticas para la «lucha contra las drogas», además de la criminalización y estigmatización de las personas consumidoras y cultivadoras, está la pena de muerte, las milicias dedicadas a perseguir personas que usan y venden drogas, las ejecuciones extrajudiciales, el internamiento obligatorio en centros de rehabilitación o la prohibición de programas de reducción de daños.
Por lo tanto, a partir de este momento ya se puede visualizar otro objetivo, que es el vivir en un mundo donde se pueda reducir el daño que producen las drogas y haya lugar para la descriminalización del uso personal de drogas, las alternativas de encarcelamiento por delitos de microtráfico o la promoción del desarrollo rural y la sustitución de cultivos declarados de uso ilícito.
Pero, sobre todo, esta aceptación de la reducción de daños como estrategia beneficiará a todas aquellas personas ya vulnerabilizadas, a las que la “guerra contra las drogas” todavía estigmatiza y criminaliza más. Como ya mostraba el último Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el problema mundial de las drogas afecta considerablemente al disfrute de los derechos humanos.
“Las respuestas a los daños relacionados con el consumo de drogas y tráfico ilegal de drogas constituyen actualmente un importante desafío de política pública, cuya totalidad de aspectos tienen repercusiones en los derechos humanos”.
