Las denuncias de madres alarmadas por el consumo de drogas de sus hijos y la alerta lanzada por los sacerdotes que trabajan en villas de emergencia dejaron al descubierto el negocio del paco, que quedó instalado con fuerza en la agenda pública en las últimas semanas. El tráfico de la pasta base de cocaína supera la facturación de muchas de las empresas más importantes del país: mueve por año más de 1300 millones de pesos, según estimaciones que surgen de los números oficiales sobre su consumo.

Supera por mucho la facturación de todas las salas de cine, estimada en 360 millones de pesos anuales, y la venta de los sellos discográficos, de $ 640 millones. Y casi se equipara con la comercialización de maquinaria agrícola, que en el primer trimestre de este año rozó los $ 300 millones.

Si fuera una empresa, el paco se intercalaría entre los puestos 70 y 80 del ranking de facturación de las compañías argentinas. Alcanza el nivel de ventas de un trimestre de los shoppings de la ciudad y supera los $ 900 millones anuales de una cadena de comida rápida y los $ 180 millones de la principal cadena de maxiquioscos de la Capital.

La Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico (Sedronar) dio a conocer en sus últimas estadísticas que hay unos 85.000 consumidores de paco, mientras que un trabajo de la Subsecretaría de Adicciones de Buenos Aires permitió en 2007 establecer una media de 7,5 dosis diarias de paco que compra cada consumidor.

Si se entrecruzan esas estimaciones oficiales con el precio promedio de $ 6 por paco, que es reconocido por fuerzas de seguridad y por adictos en recuperación, la magnitud del negocio permite visualizar las razones de su explosiva instalación. Son más de $ 1300 millones anuales.

Expandido ahora hasta en las clases medias, con puntos de venta fuera de las villas y consumidores de mayor poder de compra, el comercio del paco supera en facturación a los más importantes negocios legales.

«Tomar conciencia del dinero que mueve el paco debería hacernos pensar en qué hacen las autoridades para investigar este gran negocio», dijo Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina.

Izaguirre cree que la facturación del comercio de paco es aun mayor de lo que se calcula. «Las dosis diarias de cada adicto son entre 20 y 40; además, las ONG que trabajamos en este tema estimamos que hay 180.000 consumidores y el precio de cada dosis ha aumentado por el acceso a las clases media y alta», agregó.

Organizaciones precarias

Por el momento, este comercio de cifras impresionantes no se cartelizó, sino que es controlado por bandas desconectadas entre sí, explicó un ex funcionario de seguridad que conoce a fondo la mecánica de las operaciones de estos grupos de narcotráfico.

«No son organizaciones complejas, sino bandas que trabajan en un solo lugar, que se ocupan de todas las etapas del proceso: la obtención de la materia prima, el preparado y la venta», indicó aquel hombre, que por sus responsabilidades públicas aceptó la conversación en off the record .

Vale ese testimonio para conocer algunas de las razones que llevaron al auge del paco. Una de esas sería el enfoque dado por la justicia federal a la lucha contra el narcotráfico, al preferir la detección de grandes redes de narcotraficantes transnacionales, con la mira puesta en los canales de entrada y salida de la droga.

En medio de esa estrategia, se «coló» un negocio que empezó a crecer en 2002, cuando un solitario vendedor en la villa Itatí, en el sur del conurbano, comenzó a vender dosis de paco a un peso, en un proceso multiplicado ahora por miles en cantidad de bocas de expendio y de consumidores.

Desfederalización

Los investigadores bonaerenses entienden que pudieron actuar mejor contra el paco con el cambio en el procedimiento penal que les permitió atacar la distribución a pequeña escala con la justicia provincial.

Aquellos que impulsaron la ley de desfederalización de la lucha contra el tráfico de drogas afirman que eso supuso un paso adelante.

Al avanzar en la detención de vendedores de paco, la seguridad bonaerense descubrió que esos grupos no tenían relaciones entre sí y que comercializaban su producto por canales paralelos a los de otras drogas. Aunque se vieron algunos intentos de asociación a partir de que el paco ya es un nombre genérico, que designa más a una droga barata para ser fumada que a un compuesto estupefaciente específico.

La articulación de alguna precaria red se produjo en asentamientos del conurbano, con la distribución de paco derivado de cocaína de muy baja calidad mezclada con otros productos químicos. Por el momento, no se habría forjado un cartel del paco, pero el impresionante volumen de facturación anual podría volver apetecible hacer el intento por controlar el mercado.

Eso preocupa a las autoridades. El gobierno de Daniel Scioli, que hizo de la lucha contra el paco una de sus banderas, desplegó una estrategia complementaria a la judicial frente a este negocio: las casas en las que se descubre que hay venta son demolidas por topadoras si están en terrenos usurpados, como los de una villa. Con esa determinación, la administración provincial intenta enviar un mensaje de dureza para desalentar a familias que pudieran sentirse seducidas por los beneficios espurios del comercio de drogas.

El gobernador bonaerense hizo ayer declaraciones periodísticas sobre la lucha contra el narcotráfico. «Si hay un gobierno que está combatiendo el tráfico de drogas, es el mío», dijo. Y agregó: «Yo voy a fondo. Hay narcotraficantes presos y se secuestraron cantidades de paco, marihuana, cocaína. Asumí un compromiso personal e institucional en esta lucha».

De todas maneras, el récord de 70.000 dosis de paco secuestradas el año pasado por la policía bonaerense representa menos del consumo de un día de los adictos. El mes último, en un operativo en Wilde, se encontraron 8000 dosis de paco, en lo que resultó el mayor golpe individual a los proveedores de esta droga.

Líneas al exterior

Aquellos que han investigado con las agencias gubernamentales esta forma de narcotráfico aseguran que el paco nació en la pobreza como una forma ilegal de supervivencia para familias marginadas, que vivían así de la adicción de sus propios vecinos. Casi como un «rebusque», sin una estrategia detrás de ese negocio, como ocurre con otras líneas de drogas, como las sintéticas, en las que la capacidad de planeamiento y logística de las narcobandas internacionales opera incluso en la organización de sus propias fiestas electrónicas, las llamadas raves para facilitar e incentivar el consumo.

Para Izaguirre, en cambio, bandas con ramificaciones internacionales operan de forma tercerizada con organizaciones más «caseras» de vendedores de drogas.

«Hay grupos que se dividieron las zonas. Los colombianos trabajan por el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe; los mexicanos se quedaron con las zonas portuarias; los peruanos se instalaron en la villa 1-11-14; los paraguayos, en Villa Soldati, y los bolivianos, en Liniers. Cada grupo armó su red local y permitir la comercialización del paco es el pago que hacen por la protección de sus cocinas de producción de cocaína», afirmó Izaguirre.