Mientras la guerra contra el narcotráfico se concentre en combatir la oferta y no atienda otros problemas de fondo que generan el negocio, como la pobreza en México y la alta demanda de narcóticos en Estados Unidos, carecerá de resultados de largo plazo.
Tal es la conclusión de un reporte sobre la viabilidad de la Iniciativa Mérida elaborado por el Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de Estados Unidos, el cual cuestiona que este plan bilateral no sólo se concentre en combatir a los productores de droga, sino que, además, dice, parece restarle recursos a la prevención de adicciones en ese país.
“La Iniciativa no está siendo acompañada de ningún esfuerzo real de prevención, tratamiento u otros programas relativos a la demanda en Estados Unidos. Peor aún, el dinero gastado en la Iniciativa Mérida parece ser que ha sido a expensas de tales programas”, dice el documento.
“El presupuesto para la publicidad en contra de las drogas en Estados Unidos se redujo más de la mitad (de 140 a 60 millones de dólares anualmente) en la administración de George Bush, y la aprobación de la Iniciativa Mérida se dio junto con un recorte de 73 millones de dólares a los programas nacionales de tratamiento”, agrega.
Difundido el pasado mes de mayo con el título de “Narco-insurgencia en México y la política antidrogas de Estados Unidos”, la investigación critica lo que denomina el “viejo paradigma” con el que ese país aborda el problema del tráfico de drogas, concentrándose sólo en la demanda mientras que otros aspectos, como los programas anticorrupción, sociales y económicos en el país productor, permanecen al margen.
“La estrategia debería buscar no sólo fortalecer las corporaciones en México, sino abordar también las raíces del problema que la Iniciativa Mérida apenas toca. Debería acompañar los programas de aplicación de la ley y de prohibición con una amplia gama de medidas: iniciativas anticorrupción, desarrollo social y económico, desarrollo institucional y esfuerzos para restringir la demanda doméstica de drogas y el tráfico de armas hacia México”, dice.
“La Iniciativa Mérida, por tanto, viola el ineludible mandato requerido por una estrategia antinarcóticos efectiva: que si bien los programas que combaten la oferta son políticamente populares y producen estadísticas atractivas, a menos de que estén acompañados de iniciativas que atiendan la demanda, producirán pocos resultados de largo plazo”, agrega.
El reporte menciona también que, en 2007, la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos (GAO, sus siglas en inglés) advirtió que la violencia en el lado mexicano de la frontera y la permanencia del flujo de drogas en el lado norteamericano eran indicios de que la ofensiva del presidente Felipe Calderón no estaba teniendo éxito.
“El reciente aumento en la violencia indica que estos programas no han detenido a los cárteles. Mientras se incrementan los decomisos y la prohibición ha causado incrementos de un 20 por ciento en el precio de la cocaína y la heroína en las calles, estas medidas parece que han hecho poca mella en el volumen total y el valor del mercado de drogas. De acuerdo con la GAO, la ofensiva de Calderón no parece que haya reducido significativamente el tráfico de drogas”, dice.
Para revisar la viabilidad de la Iniciativa Mérida, la investigación analiza el Plan Colombia –al que considera un antecedente inmediato– y concluye que, debido a que en ese país se cometió el mismo error de concentrar la lucha sólo en la oferta de drogas y no se atendió ni el consumo ni la pobreza de los colombianos, las poblaciones en las que se erradicaron cultivos de cocaína ya la están produciendo de nuevo.
“Entre 2000 y 2005, por ejemplo, las agencias norteamericanas gastaron 1.2 billones en rociar miles de acres de cocaína para erradicar los cultivos, pero sólo 213 millones en el desarrollo de programas que pretendían bloquear las ganancias dando a los agricultores afectados otra fuente de ingresos”, dice.
“En 2006, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se retiró de Caquetá, en parte debido a una incapacidad para sostener programas de desarrollo alternativo, y el cultivo de coca fue en aumento desde entonces”, agrega.
Sobre la forma en la que la Iniciativa Mérida busca combatir el narcotráfico, el reporte detalla que, así como se desatiende el consumo en Estados Unidos, también se margina la debilidad de las instituciones gubernamentales mexicanas y, sobre todo, la pobreza que motiva a la población a participar en ese negocio ilícito.
“Pese al relativo crecimiento macreconómico de los últimos 15 años, aproximadamente el 40 por ciento de la población de México vive en la pobreza, y un 18 por ciento en la extrema pobreza. Además, y debido a que el crecimiento económico de México se dio bajo el modelo de recorte a los programas sociales, la desregulación de los salarios y un aumento libre de precios, el gobierno ha sido lento en aplicar iniciativas significativas para mejorar los adversos efectos de este bajo nivel de vida”, dice.
“La lista de deficiencias institucionales continúa. El sistema financiero mexicano, por ejemplo, es profundamente opaco a la supervisión del gobierno, y el hecho de que éste no puede obligar a los bancos a reportar los grandes depósitos hace las investigaciones de lavado de dinero y de corrupción más difíciles”, agrega.
En conclusión, agrega el documento, los problemas de México son extremadamente complejos y profundos, por lo que cualquier solución al tráfico de drogas real deberá abarcarlos.
El reporte completo está disponible en el sitio electrónico del Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de Estados Unidos, el cual, de acuerdo con su propia descripción, realiza análisis e investigaciones para apoyar los currículos académicos de los militares y para proveer información directa a los dirigentes del Departamento de Defensa norteamericano.
