La situación violenta y el gran consumo de drogas en el continente latinoamericano han llevado a los mandatarios actuales a considerar, por primera vez, un debate respecto a la legalización de la droga.

La reciente Cumbre de las Américas tiene como tópico la discusión sobre el conflicto referente a las sustancias estupefacientes en nuestro continente.

El presidente neogranadino, Juan Manuel Santos, ha declarado que se encuentra receptivo a «cualquier opción que sea mejor» que la que hoy se aplica entorno a esta situación. Se ha mostrado partidario de la legalización de la marihuana y la cocaína.

Otros mandatarios centroamericanos han anunciado su intención de proponer un debate sobre los enfoques de la lucha antidrogas durante la cumbre presidencial. Es el caso de Otto Pérez de Guatemala y Mauricio Funes de El Salvador, quienes se han inclinado hacia el mismo lado de la balanza con la intención de regular el comercio de los estupefacientes. De igual manera, la costarricense, Laura Chinchilla, ha planteado su posición firme a debatir el tema seria y rigurosamente. Y, a pesar, de afirmar que mantendrá su política de combate frontal, el Gobierno de Estados Unidos ha declarado estar abierto a la discusión.

Distintas naciones han planteado una postura abierta, pero están a la expectativa de un debate formal para escuchar y analizar las experiencias que planteen otros países para tomar una decisión final.

Por otra parte, los mandatarios de Panamá, Nicaragua, El Salvador y Honduras han dicho públicamente no estar de acuerdo con la despenalización.

Mildred Camero, expresidenta de la Comisión Interamericana para el control del abuso de Drogas de la Organización de Estado Americanos, analiza que lo primero que debe ser tomado en cuenta es la creación de Políticas Públicas orientadas a confrontar el problema de manera global, efectiva y eficiente debido a que el propósito es reprimir, controlar y prevenir tanto el tráfico como el consumo de estas sustancias.

También comenta que los gobiernos desean manejar esta situación gastando gran capital monetario para reprimir el delito.

Sin embargo, no hacen mayor esfuerzo en controlarlo y prevenirlo.

La diferencia entre los términos «despenaliza- ción» y «legalización» se enfoca en que la primera sugiere que el Estado permita, bajo su estricta vigilancia y control, el uso de determinados tipos de droga a través de la denominada «dosis personal».

Mientras que la segunda alega al uso indiscriminado, sin control del Estado ni supervisión o fiscalización de cualquier tipo de drogas.

La política de despenalización del consumo podría resultar beneficiosa para aquellos países en los que exista un número elevado de consumidores o adictos. Del mismo modo, beneficiaría a Estados con sistemas carcelarios débiles y corruptos. No obstante, la legalización de las drogas podría traer consecuencias «nefastas» al establecerse bajo ningún tipo de control, indica Camero.

La exjueza explica que, como también señalan los expresidentes Fernando Enrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México, no deben esperarse grandes soluciones luego de la discusión en Cartagena, pues en ocasiones anteriores ha sido imposible llegar a acuerdos por opiniones encontradas entre naciones. Afirma que no ve solución inmediata a la propuesta de legalización de las drogas ilícitas por los momentos y que, independientemente de la cumbre, las naciones tienen la potestad de establecer la despenalización del consumo en sus legislaciones.