El Gobierno presentó ayer una nueva batería de reformas del Código Penal, en este caso dirigidas a mejorar la persecución de los narcotraficantes. Y la iniciativa estrella de ayer fue el proyecto para que sea posible decomisar a los implicados en el tráfico de estupefacientes no sólo el material y los beneficios obtenidos con su ilícita actividad, sino también cualquier otro patrimonio aunque su origen sea legal. La iniciativa, incluida dentro del paquete de modificaciones legislativas que el Consejo de Ministros debe aprobar hoy, fue anunciada ayer por el titular de Justicia, José María Michavila.
Michavila, en un acto sobre seguridad celebrado en la sede del PP, lanzó al aire una serie de novedades con las que contribuyó a esa nueva estrategia puesta en marcha por el Ejecutivo desde principios de enero: la del continuo goteo informativo. Explicó que la reforma buscará establecer una responsabilidad patrimonial para los traficantes de drogas, lo que significa que se les podrán intervenir sus posesiones por una cuantía equivalente a los beneficios que hayan logrado mediante la actividad ilícita, aunque esas posesiones -que bien pueden ser empresas o sociedades- sean legales.
Los técnicos de su departamento buscan la forma de evitar que esos narcotraficantes se desprendan con celeridad de su patrimonio con la intención de simular insolvencia. La fórmula consistirá en ampliar las facultades del juez para declarar nulo el traspaso de bienes obtenidos con actividades delictivas a otra persona. Ahora, esa enajenación puede quedar invalidada después de un largo proceso que concluye con un juicio.
La desintoxicación
Con los bienes decomisados (y esa es otra novedad), el Gobierno se propone establecer un nuevo sistema según el cual el dinero de los «narcos» se destinará a planes de rehabilitación para toxicómanos delincuentes; en palabras de Michavila, «víctimas de esas redes, que se ven impulsados a la delincuencia». Los planes de rehabilitación serán desarrollados de forma conjunta por los ministerios de Justicia, Interior, Sanidad y Asuntos Sociales, Instituciones Penitenciarias, la Delegación del Plan contra la Droga y el Consejo General del Poder Judicial.
Para que este proyecto se ponga en marcha habrá que modificar los artículos 85, 87 y 130 del actual Código Penal. Pero, según explicó Michavila, no serán los únicos que se verán alterados con la reforma. El artículo 369 se cambiará para endurecer las sanciones a los narcotraficantes, unas sanciones que, dijo, «serán singularmente contundentes cuando estos delincuentes operen en centros docentes». Además, se modificará el artículo 376, relativo a los «arrepentidos», para favorecer la colaboración con la Justicia de los narcotraficantes que hayan cesado en su actividad delictiva.
