Adiós a las sobremesas con cigarrillos y puros en los restaurantes. Adiós a la nicotina que suele acompañar cafés y copas en bares, pubs y discotecas. Quedan nueve meses para la «Euskadi sin humos» prometida por el Gobierno de Patxi López. El País Vasco contará con una nueva normativa que prohibirá el tabaco en todos los establecimientos públicos cerrados «antes del próximo verano», señalaron ayer medios próximos a la consejera Gemma Zabaleta.

Desde su primera comparecencia parlamentaria, la titular de Empleo y Asuntos Sociales ha defendido la necesidad de una legislación que impida fumar en todos los espacios públicos. El proyecto de ley llegará en los próximos meses. El próximo viernes celebrará su primera reunión la comisión técnica-jurídica sobre la Ley Antitabaco, encargada de diseñar un marco normativo que proteja los derechos de las personas no fumadoras.

En este órgano participan representantes de los departamentos vascos de Sanidad, Interior, Cultura y Asuntos Sociales, de la asociación de municipios Eudel y de la Federación de Hostelería del País Vasco. También está integrado por miembros de la Asociación Española de Grandes Empresas de Distribución, del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y del Instituto Vasco de Criminología.

Para el primer encuentro, la dirección de Drogodependencias ha preparado un texto en el que se aboga directamente por vetar el tabaco en espacios públicos cerrados, incluidos los populares txokos. «No estamos ante el borrador de una nueva ley, sino ante un documento de trabajo, una aportación para el debate que tendrá lugar en los próximos meses en el seno de la comisión creada en junio», puntualizó un portavoz de la consejera.

A la vista de que algunas sociedades gastronómicas de San Sebastián alzaron ayer mismo su voz al recordar que la naturaleza de estas entidades es privada y no pública, los mismos medios insistieron en decir que la referencia a los txokos es «una cuestión más que figura en ese primer documento de trabajo», cuya única pretensión es «servir de punto de partida» para la nueva legislación.

Sólo en el ámbito privado

La intención del Gobierno vasco de permitir que se fume exclusivamente en lugares al aire libre o en el ámbito privado, coincide en el tiempo con el anuncio del Ministerio de Sanidad y Política Social de reformar la Ley Antitabaco, que entró en vigor el 1 de enero de 2006. De hecho, este asunto fue abordado por la ministra Trinidad Jiménez con su homólogo vasco, Rafael Bengoa, en el encuentro que mantuvieron este lunes en Vitoria. Los portavoces de Gemma Zabaleta negaron ayer que los Gobiernos vasco y central hayan entrado en una carrera para ver quién aprueba antes la legislación más restrictiva. «En junio, antes de que el Ministerio anunciara su intención de modificar la ley, nosotros ya dijimos que queríamos una «Euskadi libre de humos». No buscamos competir con nadie. La vigente ley estatal es de mínimos y creemos que se puede ir más lejos», añadieron los mismos medios.

De hecho, el Gabinete López no pretende llevar al Parlamento una legislación antitabaco propia, sino que su intención es reformar la Ley vasca de Drogodependecias, aprobada en 1998. Considera que con actualizar esta normativa es suficiente para proteger los derechos de los no fumadores «en línea con los países más vanguardistas en esta materia, como Italia, Francia y EE UU», según apuntó en su día la propia Gemma Zabaleta.

¿Y qué hacen los países más vanguardistas? La respuesta es sólo una: prohibir fumar en cualquier establecimiento público cerrado. Con esta filosofía, según el documento de trabajo con el que se pretende abrir el debate, serán lugares «sin humo» los hoteles, los hostales y establecimientos análogos, los bares, los restaurantes, las zonas destinadas a la atención directa al público, los centros de ocio, las salas de fiesta y los establecimientos de juego, entre otros.

Denuncias sin sanción

Según el texto, al que ha tenido acceso «Efe», tampoco sería posible fumar en ninguna zona de los aeropuertos, en las estaciones de autobuses, de transporte marítimo y ferroviario, en las cabinas telefónicas, en los cajeros automáticos o en cualquier otro sitio de uso público de «reducido tamaño». A estos lugares se suman los ya vetados por la legislación en vigor, como las administraciones públicas, los transportes urbano, ferroviario y marítimo, la aeronaves o las estaciones de servicio.

Un aspecto importante de la futura legislación será la referida a la institución encargada de hacer cumplir la normativa. Y es que el «talón de Aquiles» de la ley vigente ha sido, precisamente, el desacuerdo entre los ayuntamientos y la Administración vasca respecto a quién corresponde inspeccionar y sancionar los incumplimientos. Esta falta de entendimiento ha hecho que los anteriores responsables vascos de Asuntos Sociales, a cuyo frente estaba Javier Madrazo, descartaran imponer sanción alguna, pese a haber tramitado más de 250 denuncias en tres años.

La nueva consejera quiere ahora poner fin a esta situación. Para ello, plantea que los municipios de más de 20.000 habitantes asuman las competencias de vigilar para que se cumpla la norma, así como multar a quien se la salte. Para las localidades más pequeñas, ante la imposibilidad material de hacerlo debido a la carencia de personal, propone que sea el Departamento vasco de Sanidad el que se responsabilice de estas tareas.