Historia 1: Ellaine es una provinciana francesa. Cuando tenía 19 años de edad fue reclutada por una red de prostitución. En su país natal conoció a Jairo, un venezolano de origen colombiano que hace frecuentes viajes a la búsqueda de nuevos talentos para sus “empresas” en Venezuela. Lo que empezó como una relación meramente laboral terminó en idilio. Por lo menos eso creía ella, pues el hombre le pagó su traslado hasta la isla de Margarita, donde ambos disfrutaron las navidades en un conocido resort.

En el mes de enero de este año, Ellaine fue detenida por funcionarios de la Guardia Nacional en el área de tránsito del aeropuerto internacional de Maiquetía. De no haber sido por los nervios, hubiera pasado por una turista que regresa a su país de origen luego de disfrutar de una temporada en las playas del Caribe. En su organismo llevaba más de 300 gramos de heroína empacados en dediles. Este iba a ser su primer viaje. Luego de admitir la imputación por ocultamiento y transporte de drogas, fue sentenciada a 10 años de prisión y enviada a la cárcel de mujeres de Los Teques.

Jairo continúa en libertad.

Historia 2: Paco no puede contener sus deseos de jugar al póquer.

En las vacaciones de verano viajó de Madrid a Caracas con su novia venezolana. En un centro clandestino de juegos ubicado en el centro de la ciudad contrajo una deuda equivalente a varios miles de dólares. El problema es que no tenía cómo pagar. El dueño del local, también de origen español, le ofreció una solución.

Paco también fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía cuando se disponía a abordar el vuelo de vuelta a Madrid. Los militares pasaron su equipaje por los rayos X y detectaron un doble fondo en el que había casi 2 kilos de cocaína con más de 80% de pureza. Al ser interrogado confesó que si no llevaba el alijo sus proveedores atentarían contra su novia o sus familiares. En cambio, si “coronaba” (entregaba el alijo en su destino) la deuda sería olvidada. Tras esta admisión fue sentenciado rápidamente a 10 años de prisión y remitido al retén de La Planta, en El Paraíso.

Ninguno de estos casos trascendió en su momento a la prensa. Los nombres de los implicados fueron cambiados pues ellos mismos expresaron a las autoridades su temor de que las redes de traficantes tomaran represalias contra ellos o sus familiares, ante la perspectiva de que pudieran estar colaborando con las autoridades.

Emporio de la droga Las detenciones por drogas han creado un serio problema para las policías y los tribunales del estado Vargas. Esta región genera aproximadamente 20% de los imputados por este tipo de delitos de todo el país, lo que la coloca en el primer lugar en este rubro según revelan las estadísticas oficiales emitidas por la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid), correspondientes al año pasado y al primer semestre de 2004.

En 2003, por ejemplo, fueron aprehendidas en el territorio de Vargas 167 personas por investigaciones sobre psicotrópicos, más de 60% que lo reportado en Táchira, más del doble que el estado Bolívar y cuatro veces más que los presos por este mismo concepto en todo el Distrito Capital.

Esta situación surge, precisamente, por la presencia en la región del principal terminal aéreo del país. A menudo allí se hacen las conexiones entre las rutas nacionales y los vuelos hacia el exterior. En la primera historia, por ejemplo, Ellaine tuvo que viajar desde Porlamar hasta Maiquetía para abordar el avión que la llevaría a París.

Las autoridades destinan una importante cantidad de recursos para intentar impedir el paso de los llamados “correos humanos” por este aeropuerto. Allí hay todo un destacamento de la Guardia Nacional, una oficina del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, una de la Disip, así como grupos especiales de inteligencia de los componentes militares.

La dirección de seguridad de esa instalación, además, está bajo la responsabilidad de un oficial activo de la Fuerza Armada. Sin embargo, entre los propios funcionarios hay la convicción de que es mucho más lo que pasa que lo capturado allí en incautaciones y detenciones. Un alto oficial de la Guardia Nacional, consciente de la situación, reveló que en los próximos días todos los mecanismos de control aeroportuario serán sometidos a una reingeniería, pues además de ocasionar largas colas de pasajeros resultan ineficaces.

La presidenta de la Conacuid, Mildred Camero, indicó que las redes de “correos humanos” de la droga están siendo dominadas en Venezuela por mafias de origen nigeriano, cuyos integrantes llegan a alianzas circunstanciales con grupos de colombianos, haitianos y dominicanos.

Las cifras correspondientes a los primeros seis meses de este año indican que de los 137 extranjeros presos por estos delitos, 63 tienen esas nacionalidades. La funcionaria señaló que a esto hay que sumar las personas detenidas en el exterior procedentes de Venezuela. Pero la estadística sobre este particular no está disponible.

“Ellos van reclutando a la gente en ambientes culturales. Prefieren a modelos y a estudiantes universitarios.

Pero también se ha visto a individuos con deudas y hasta deportistas (…) La captación se produce principalmente en Caracas y en Margarita”, explicó.

Camino a prisión Cuando un “correo humano” es detenido con drogas en el aeropuerto de Maiquetía debe ser puesto a las órdenes del Ministerio Público y presentado luego ante los tribunales de flagrancia del Litoral Central.

Todo este proceso debería tomar no más de dos días contados a partir del momento de la detención, pero en la práctica se prolonga debido a los trámites burocráticos, y en ocasiones por la necesidad de las autoridades de ganar tiempo para continuar la persecución de otros delincuentes ligados al caso.

Si la aprehensión fue practicada por efectivos de la Guardia Nacional, es posible que el imputado permanezca durante ese lapso en la sede del Comando Antidrogas, ubicado en la urbanización Las Acacias de Caracas. Pero también puede ser que lo lleven a una de las dos comisarías de la Policía Metropolitana de Vargas. Allí también van a parar los detenidos por la policía científica y otros organismos.

El director de la PM en Vargas, comisario Omar Guillén, informó que las celdas de esa institución solamente pueden albergar a 70 personas. La región carece de retenes, y por lo tanto con esos espacios deben atender todos los casos que surgen en ese territorio. Para expedientes por drogas solamente hay asignados 12 cupos.

En la práctica, luego de la presentación en los juzgados de La Guaira el detenido puede ser dejado en calidad de “depósito transitorio” en la PM, o en su defecto va a los reclusorios de Caracas y el estado Miranda, principalmente Los Teques y El Rodeo.

Guillén indicó que, tras la división de la PM, a ellos les quedó la competencia de custodiar los dos pequeños retenes del estado, localizados en Macuto y en Caraballeda.

En el primero solamente pueden estar hombres y en el otro las mujeres y los menores de edad.

“Esto es un grave problema. La custodia de instalaciones penitenciarias no es competencia nuestra, pero nosotros quedamos con esa carga. Tenemos 70 funcionarios destinados solamente a labores administrativas, los traslados y a la confección de los alimentos”, expresó.

Buscando la economía La necesidad de constantes traslados hasta el Litoral y la carencia de medios para efectuarlos propicia la corrupción. El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, indicó que los reclusos en La Planta y en Los Teques suelen hacer colectas para alquilar un vehículo que los lleve hasta los juzgados. Cada imputado, reveló, aporta entre 150 mil y 200 mil bolívares por viaje.

En los tribunales de control del estado Vargas los delitos por drogas dan origen a 8 de cada 10 casos, según cálculos del presidente del circuito judicial penal de esa región, Edgar Fuenmayor. En los pasillos de esas instituciones les dicen “mulitas” a los procesados, y los ven hasta con aburrimiento.

Los jueces generalmente intentan la mayor “economía procesal” y le explican al imputado que, entre otros beneficios, la admisión de los hechos puede disminuirle su pena hasta 30% del tiempo que tendría que pasar tras las rejas si el juicio llega a la fase de debate oral.

Fuenmayor recordó que los casos de drogas no tienen beneficios procesales.

El imputado debe permanecer detenido hasta que haya una decisión. Por esto las demás regiones del país han tenido que darle a Vargas 700 cupos para los detenidos y sentenciados por tales delitos.

El funcionario judicial cree que el estado debe tener su propia cárcel.

Pero esto no figura en los planes inmediatos del gobierno central.