Los directores generales de Salud Pública de las comunidades autónomas acordaron ayer jueves aprobar el documento sobre el Plan Nacional sobre Prevención y Control del Tabaquismo. Entre otras medidas, prevé optimizar la regulación de espacios sin humo en el ámbito laboral, delimitar las cantidades máximas de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono por cada cigarrillo, y establecer mecanismos que garanticen la edad mínima para adquirir tabaco en los 18 años.
El proyecto, que con toda probabilidad, será debatido en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), intentará modificar el Real Decreto 192/1988 –que establece limitaciones en la venta y uso del tabaco– en dirección a la tendencia existente a que «prime el derecho del no fumador a no exponerse al humo», a la vez que procurará «posibilitar una cierta tolerancia» con los fumadores, explicó el director general de Salud Pública, José María Martín Moreno.
Asimismo, prevé incluir el posible desarrollo de mecanismos tecnológicos que garanticen el buen uso de las máquinas expendedoras, hasta el punto que puedan reconocer la edad del comprador, asegurándose que es superior a 18 años, así como la limitación de la venta de cigarrillos sueltos y delimitación de su número por cada cajetilla.
Entre las medidas aún por debatir figura también la posibilidad de aumentar el precio del tabaco –«una de las medidas que se ha demostrado más efectiva», apuntó Martín Moreno-, acercándolo al nivel de otros países, ya que «existe una tendencia a la armonización en este sentido», añadió.
Según explicó, el posible desarrollo posterior de este Plan prevé también el establecimiento de una normativa que regularía la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco en el marco del objetivo de la protección de la salud de la población, para la que el tabaco sigue siendo la principal causa de morbimortalidad prevenible.
Estas medidas responden a los objetivos marcados en el Plan, que abarcan desde la disminución de la prevalencia tabáquica -previniendo nuevas incorporaciones mediante el retraso de la edad de iniciación y facilitando el abandono del hábito- y la protección de la población contra el aire contaminado, hasta la puesta en marcha de actuaciones que potencien la coordinación intersectorial e internacional en esta dirección.
En cuanto a la posibilidad de que la Seguridad Social cubra los programas de desintoxicación del tabaquismo, el director general de Salud Pública se limitó a asegurar que el SNS hará «todo lo que esté en su mano, incluyendo los recursos necesarios, para facilitar que se ejecuten aquellos objetivos».
